Estados Unidos no está dispuesto a reducir la presión sobre Cuba. La Administración de Donald Trump ha pulsado este miércoles una tecla sobre Cuba que ningún otro Gobierno estadounidense, independientemente del color político, se había atrevido a pulsar en más de 20 años. (EE.UU. ejerce toda la presión contra Cuba y quienes le apoyen, incluida la Unión Europea)
Washington dejará que el 2 de mayo entre en vigor por primera vez una norma según la cual ciudadanos de origen cubano pueden lanzar un alud de demandas para reclamar propiedades a empresas extranjeras con negocios en la isla, medida que abre un nuevo e importante frente entre Estados Unidos y Europa, principal socio comercial del país caribeño, con España como uno de los principales afectados. (EEUU permitirá demandas contra empresas con negocios en Cuba desde el 2 de mayo)
El secretario de Estado, Mike Pompeo, hizo el anuncio en una fecha simbólica, el aniversario de la invasión de Bahía Cochinos, en 1961, cuando tropas de exiliados cubanos entraron en la isla con apoyo de Estados Unidos para tratar infructuosamente de derrocar a Fidel Castro. Además, según avanzó el consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, en un discurso en Miami ante veteranos de aquella operación, se impondrán nuevas restricciones a las remesas de dinero enviadas a la isla, nuevas limitaciones a viajes no familiares y medidas para evitar que La Habana sortee las restricciones y acceda a divisas.
Washington redobla su presión en un momento de escalada de sanciones también hacia Venezuela y Nicaragua, cuyos regímenes engloba bajo la expresión «troika tiránica». De hecho, este miércoles la Administración aprobó también sanciones contra Laureano Ortega, hijo del presidente de Nicaragua, y el Banco Corporativo de Nicaragua, a los que bloquea cualquier activo en EE UU. También actuó contra el Banco Central de Venezuela y su gobernadora, Josefa Ruzza, negándoles acceso al sistema financiero estadounidense, por considerarlos cómplice en el mantenimiento de Nicolás Maduro en el poder efectivo del país.
En el caso de los pleitos en Cuba, Washington deja de renovar la suspensión del Título III de la conocida ley Helms-Burton, por la cual cualquier individuo puede reclamar ante la justicia estadounidense propiedades que le fueron confiscadas a raíz de la revolución de 1959, lo que afecta a las empresas que hacen negocios en las islas porque muchos pueden estar utilizando esos terrenos u otros bienes.
«Después de más de 22 años de retrasos, los estadounidenses por fin tendrán una oportunidad de justicia», dijo Pompeo. Aquella ley fue aprobada en 1996 bajo la Administración de Bill Clinton, pero dicho apartado se dejó durante dos décadas sin efecto a través de suspensiones semestrales que iban aprobando todos los Gobiernos para evitar el colapso en los tribunales (se calculan decenas de miles de pleitos potenciales) y evitar una batalla comercial con otros países.
«El título III se suspendió con la esperanza de que el régimen cubano emprendiera una transición a la democracia. Pero la Administración de Donald Trump reconoce la realidad, que los dictadores ven la conciliación como debilidad. El intento de Obama de moderar al régimen no funcionó», añadió el jefe de la Diplomacia estadounidense. La llegada del republicano al poder supuso el fin de la fase de deshielo que había comenzado el presidente demócrata con La Habana. Trump volvió a limitar los viajes a la isla y vetó el flujo comercial con el conglomerado militar. Pero el embargo económico al régimen castrista entra ahora en aguas inexploradas. Cuando se aprobó la ley, un estudio cifró en hasta 200.000 los posibles pleitos derivados de dicha posibilidad de reclamación. Ahora no es posible anticipar los efectos.
La Unión Europea -y muy especialmente el Gobierno español- se ha llevado las manos a la cabeza. El nuevo cerco puede perjudicar a empresas hoteleras españolas como Meliá, Iberostar, Barceló o NH, con una importante presencia en la isla. El ministro de Exteriores español, Josep Borrell, lo expresó en su reciente visita a Washington, con motivo de la cumbre de la OTAN. «Creo que les han quedado claras las razones por las cuales España se opondría a eso. Hay una cuestión de principio, que es que nos negamos a aceptar la extraterritorialidad de las leyes norteamericanas, creemos que sería un abuso de su capacidad de imponer normas a los demás. Y, en segundo lugar, por los intereses económicos de nuestro país», dijo tras verse con su homólogo estadounidense, Pompeo.
Estados Unidos ha advertido de que ninguna compañía quedará exenta, pero ha tratado del calmar los ánimos de Bruselas asegurando, según las palabras de la vicesecretaria de Estado para América Latina, Kimberly Breier, «la mayor parte de las empresas europeas no tiene que preocuparse» por la ley, que solo afecta a aquellas que utilicen propiedades en su día embargadas. Aun así, la Unión Europea y Canadá aseguraron en una declaración conjunta que protegerán los intereses de sus compañías ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), una institución que, de todos modos, Trump critica con dureza.
La estrategia sobre Cuba ha pasado por encima de cualquier intento de acercar posturas en las hoy por hoy difíciles relaciones comerciales con Europa. La política de Trump no contempla La Habana como un problela aislado, sino como una fuente de oxígeno al chavismo en Venezuela. Es en buena parte la inteligencia cubana, según EE UU, la que está logrando mantener a Nicolás Maduro en el poder efectivo del país caribeño, pese a que desde el pasado enero la primera potencia mundial y una cincuentena de países -entre ellos España– reconocen al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente, y reclaman la marcha de Maduro y la celebración de elecciones.
