El veterano dirigente socialista ha tomado la arriesgada decisión ante la falta de garantías en ese país
El socialista Felipe González ha aceptado hacerse cargo de la defensa de los dos principales presos políticos del régimen chavista a petición de sus familias: el líder opositor Leopoldo López, encarcelado desde hace más de un año, y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, detenido el pasado 20 de febrero por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
Ambos están acusados de ser los responsables del desenlace violento de las protestas del año pasado contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, que se saldaron con más de 40 muertos en las calles.
La decisión del expresidente del Gobierno español obedece al creciente deterioro de la situación de los derechos humanos en Venezuela y a la ausencia de garantías jurídicas de los acusados, presos en la cárcel militar de Ramo Verde, a unos 30 kilómetros de Caracas.
Con su iniciativa, elveternao y prestigioso político español pretende también romper el silencio que han mantenido la mayoría de los Gobiernos de América Latina ante los abusos del régimen chavista.
Instancias internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y Unasur han fracasado hasta ahora en su intento de mediar en la crisis política venezolana. Caracas tampoco ha atendido las reclamaciones para que libere a los presos políticos formuladas en las últimas semanas por la ONU, el Parlamento Europeo, los Gobiernos de Estados Unidos, España, Canadá y Colombia así como la Internacional Socialista, Amnistía Internacional o Human Rights Wacht, entre otros.Ya en noviembre de 2014, una treintena de exjefes de Estado y de Gobierno, integrados en el Club de Madrid, suscribían un texto datado en Florencia (Italia) en el que calificaban de «arbitraria» la detención de López y exigían su puesta en libertad.
La declaración estaba firmada, entre otros, por los expresidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Ricardo Lagos (Chile), Alejandro Toledo (Perú), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Óscar Arias (Costa Rica), Andrés Pastrana (Colombia), Jorge Quiroga (Bolivia) y Osvaldo Hurtado (Ecuador).
Desde entonces, la situación política, social y económica de Venezuela no ha dejado de deteriorarse.
A la más alta inflación del mundo, que ronda el 70%, las reiteradas devaluaciones del bolívar, la escasez de alimentos básicos y medicinas y el aumento de la inseguridad ciudadana se han sumado el endurecimiento del Gobierno de Maduro contra la oposición -el Ejército ha sido autorizado, contraviniendo la Constitución, a disparar contra los manifestantes- y la prensa independiente.
