Este lunes, un año después de que los sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, fueran arrestados por agentes estadounidenses en Haití y llevados a Estados Unidos, comienza en Nueva York el juicio en su contra por tráfico de drogas.
Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas están acusados de conspirar para introducir 800 kilos de cocaína de alta pureza a EE.UU., en lo que varios analistas han coincidido que sería un juicio de tráfico ilícito de rutina si no fuera por su parentesco con el presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Efraín Campos Flores (con camisa gris) y Francisco Flores de Freitas (de azul) fueron arrestados en Haití en noviembre y trasladados a EE.UU.
A las 9:30 AM (14:30 GMT) iniciará en un tribunal neoyorquino el esperado juicio Estados Unidos vs. Campo Flores & Flores de Freitas, en el que se presentarán los dos venezolanos ante un jurado de 12 personas, conformado por siete mujeres y cinco hombres.
La semana pasada fue rechazado un jurado que tenía noción de la crisis económica y política venezolana, pues sus opiniones podían viciar su criterio para absolver o condenar a los acusados.
Recursos desestimados
Campo Flores y Flores de Freitas -que al momento de su arresto, el 10 de noviembre de 2015, portaban pasaporte diplomático venezolano- intentaron varios recursos legales para que la fiscalía neoyorquina desestimara varias evidencias como material probatorio.
Ambos, acusados de conspirar para introducir 800 kilos de cocaína en Estados Unidos, «confesaron» su participación en el crimen.
Entre ellas, grabaciones de voz registradas por oficiales encubiertos de la Agencia Antidroga de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés) antes y después del arresto.
En un documento de respuesta negativa a las mociones presentadas por la defensa, el Fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara, argumentó que Campo Flores y Flores de Freitas buscaban «monetizar sus conexiones políticas y con la autoridad en Venezuela […] para despachar grandes cargamentos de cocaína con destino a Estados Unidos».
En la grabación de una conversación entre los dos acusados y dos agentes encubiertos de la DEA en Caracas el 23 de octubre de 2015, Campo Flores menciona específicamente que la droga que pretendían contrabandear provenía de la guerrilla colombiana de las FARC.
«Durante la reunión registrada entre los acusados y (el agente encubierto) CS-1 justo antes de su detención en Haití, Campo se refirió a un «comandante de las FARC», quien es «de alto rango» y una «persona muy seria», y le explicó a CS-1 que «había nombrado a una persona» -presumiblemente El Gocho (supuesto intermediario con las FARC)- ‘para ponerme en contacto con ellos'», expone Bharara en su documento.
El fiscal asegura que es «extremadamente probatoria la participación de Campo en la conspiración porque demuestra de hecho que tuvo acceso a 800 kilogramos de cocaína».
Según Cilia Flores, diputada venezolana y esposa del presidente Nicolás Maduro (juntos en la imagen), sus sobrinos fueron «secuestrados» por la DEA.
Para el fiscal, esta afirmación «es consistente con testimonios anteriores de expertos» que indican que la «cocaína traficada desde Venezuela es frecuentemente obtenida desde Colombia, país base de operaciones de las FARC».
«Las FARC son traficantes de droga»
«Es bien conocido que las FARC son una organización ilegal que usa el tráfico de drogas y actividades ilegales como medio de subsistencia. Tanto como se sabe que trafican oro o petróleo», le explica a BBC Mundo Brian Fonseca, director de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de las Universidad de Florida.
«Las FARC están en un proceso de negociación con el gobierno de Colombia pero también sabemos que no todos los miembros de las FARC van a desmovilizarse», asegura Fonseca.
«Habrá una porción de las FARC que van a romper con los líderes del grupo que actualmente está negociando en La Habana y mantendrá su lugar en el negocio del tráfico ilegal de drogas».
Desde esta perspectiva, Fonseca cree que no se debe generalizar sobre que las FARC,como un solo grupo, sería el proveedor de drogas de los presuntos traficantes venezolanos.
Y para él, no será tan determinante dentro del juicio contra Campo Flores y Flores de Freitas, ya que es irrefutable que ese un grupo ilegal ha sido contrabandista por décadas.
Su opinión coincide con la posición expresada por el fiscal federal Bharara, quien en su documento pide al juez Paul Crotty -que lleva el caso- evitar referirse a las FARC como «una organización terrorista extranjera», y limitarse a decir que es una «organización paramilitar que opera en Colombia, Venezuela y Ecuador y es uno de los mayores productores de cocaína del mundo».
La fiscalía aclaró que Campo Flores y Flores de Freitas son «hombres relativamente jóvenes sin antecedentes penales» pero que la droga que iban a ingresar a EE.UU. tenía un costo superior a US$30 millones, y que afectaría la vida de «muchos ciudadanos estadounidenses».
Definitivo para el gobierno de Venezuela
«La evolución más interesante del juicio sería algún tipo de relación con el gobierno de Venezuela en la creación de un ambiente pasivo que propicia el tráfico ilegal, o su participación directa en él, sobre lo cual hasta ahora no hay evidencia», afirma Fonseca, quien es experto en seguridad nacional y políticas públicas en Latinoamérica y Estados Unidos.
«Los sobrinos no son los únicos implicados de alto nivel en Venezuela. Este año hubo el caso de un general y otro de la Guardia Nacional».
Fonseca se refiere a los casos que enfrentan por narcotráfico en un tribunal de Brooklyn, Nueva York, el general y excomandante de la Guardia Nacional Venezolana, Néstor Reverol y el ex subdirector de la Oficina Antidrogas de Venezuela, Edilberto Molina.
«Venezuela provee un espacio seguro para el tráfico de esas drogas. Si uno revisa las cifras y los mapas de la Oficina de Naciones Unidas sobre Droga y Crimen (ONUDC), puede confirmar que durante los años recientes, las rutas de tráfico ilegal se han movido hacia Venezuela y el Caribe, buscando los mercados europeo y norteamericano», asegura Fonseca.
«El hecho de que tengas un gran juicio de tráfico de drogas ilegales de dos miembros de la familia de Nicolás Maduro, de los sobrinos de su esposa, implica que el liderazgo venezolano ha creado un ambiente que permite que la actividad criminal se desarrolle», explica Fonseca.
«Sería interesante ver si tal vez más adelante puedan estar implicados en el negocio del tráfico ilícito otros líderes ricos de Venezuela», comenta.
«Por eso, en mi opinión, tendrá mucho más peso el posible papel del gobierno venezolano que el papel de las FARC», concluye.
Otras pruebas no excluidas
La última solicitud de exclusión de pruebas llegó al tribunal en un carta enviada el viernes pasado.
La defensa pidió no compartir con el jurado una fotografía en la que aparecen Campo Flores y Flores de Freitas esposados en el momento de su arresto en Haití, que para ellos no tienen ningún valor probatorio y podría sugerir equivocadamente «su peligrosidad».
Pero aunque la fiscalía ha negado casi todas las mociones de la defensa, todavía no ha dado respuesta a esta solicitud.
En la lista de evidencias que los venezolanos no querían que se incluyeran figura su estilo de vida lujoso, que incluía viajes en aviones privados o yates.
O la última fotografía con un testigo cooperante en Honduras (llamado CW-1 dentro del caso) quien fue asesinado en diciembre de 2015 y cuyo alegato fue fundamental para el arresto de los sobrinos de Maduro.
Otra grabación en la que Campo Flores les dice a agentes encubiertos que el dinero de la venta de la droga será usado para la campaña a la Asamblea Nacional de su tía y madre adoptiva (algo de lo que después se retractó) hacen parte también de la nutrida lista.
Veredicto
A partir de este lunes, el jurado deberá analizar todas esas pruebas, contrastarlas con los testimonios de los acusados y testigos citados por el gobierno de EE.UU. y dar un veredicto unánime el próximo 18 de noviembre.
De ser hallados culpables, la sentencia se conocerá dentro de los 90 días siguientes al juicio.
A pesar de que el juicio ha despertado el interés del público, Fonseca cree que EE.UU. no hará alarde de lo que en ocurra en él.
«Cualquier cosa que pase será bastante silenciosa. No creo que EE.UU. quiera ser muy ruidoso con esto porque no querrá verse como interfiriendo en la soberanía de otro país, condenando ciudadanos extranjeros a prisión en EE.UU.».
