El pasado sábado 8 de septimbre, el New York Times desveló, que el gobierno de Donald Trump se reunió con un grupo de militares venezolanos con la finalidad de evaluar las posibilidades que tendría un golpe de estado en Venezuela para derrocar a la dictadura chavista.
Como es conocido, la crisis que a nivel internacional está generando el regimen chavista no tiene precedentes. Colombia, Perú, Brasil y Ecuador están viendo la entrada de miles de venezolanos a sus fronteras, y hay un consenso por expertos en la materia, en que la solución al problema pasa por deponer a Maduro y al gobierno chavista del poder en Venezuela. La discusión posterior es ¿Cómo sacar a Maduro?
Por Ernesto Londoño y Nicholas Casey – The New York Times
El gobierno de Donald Trump sostuvo reuniones secretas con militares venezolanos rebeldes para hablar sobre sus planes para derrocar al presidente Nicolás Maduro, según funcionarios estadounidenses y un excomandante militar venezolano que participaron en las conversaciones.
Establecer contactos clandestinos con golpistas en Venezuela fue una gran apuesta para Washington, dado su largo historial de intervenciones encubiertas en toda América Latina. Muchas personas de la región aún sienten un gran resentimiento contra Estados Unidos por haber respaldado rebeliones, golpes de Estado y complots en países como Cuba, Nicaragua, Brasil y Chile, así como por haber guardado silencio ante los abusos que los regímenes militares cometieron durante la Guerra Fría.
En respuesta a las preguntas sobre esas conversaciones secretas, la Casa Blanca señaló mediante un comunicado que era necesario participar en un «diálogo con todos los venezolanos que expresan el deseo de restablecer la democracia» con el fin de «aportar un cambio positivo a un país que ha sufrido mucho bajo el gobierno de Maduro».
Sin embargo, un comandante militar de ese país que estuvo involucrado en las conversaciones difícilmente puede ser considerado como un emisario democrático: está en la lista de funcionarios corruptos de Venezuela que han sido sancionados por el gobierno estadounidense.
Él y otros miembros del aparato de seguridad venezolano han sido acusados por Washington de un gran número de delitos graves, entre ellos torturar a los opositores del régimen, encarcelar a cientos de prisioneros políticos, herir a miles de civiles, traficar drogas y colaborar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), un grupo guerrillero que Estados Unidos considera como una organización terrorista.
La mayoría de los líderes latinoamericanos están de acuerdo en que Nicolás Maduro, el presidente venezolano, es un gobernante cada vez más autoritario que arruinó la economía de su país ocasionando una escasez extrema de alimentos y medicinas. El colapso desató el éxodo de los venezolanos desesperados que escapan por las fronteras, y con ello abruman a los países vecinos.
Al final, los funcionarios estadounidenses decidieron que no ayudarían a los conspiradores, y el plan del golpe de Estado quedó estancado. No obstante, la disposición del gobierno de Trump de reunirse varias veces con oficiales rebeldes que pretenden derrocar a un mandatario de este hemisferio podría resultar políticamente contraproducente.
