El apoyo venezolano a la iniciativa de ‘Un Salvavida para Venezuela’ no deja de crecer. La ONG envío una carta (con el apoyo de 53 organizaciones y partidos políticos) al presidente de España, Pedro Sánchez, para solicitar que sea aprobada la Protección Temporal para los venezolanos radicados en España. Un documento que, en sólo horas, ya ha ido sumando nuevos aliados con la finalidad de lograr un estatus legal para que la diáspora venezolana pueda disfrutar del acceso al mercado laboral, sector sanitario y al libre tránsito por el país. ( El núcleo representativo del exilio venezolano solicita a Pedro Sánchez la Protección Temporal)
Las primeras en incorporarse a la petición del Estatuto de Protección Temporal para todos los venezolanos en España fueron la Asociación de Pensionados y Jubilados de Venezuela (Asopejuvecma), que dirige Pedro Ontiveros; y la Asociación Libertad y Democracia, que cuenta con Isadora Zubillaga como su máxima representante. Sin embargo, poco tiempo después, llegarían tres nuevas incorporaciones. (La Asociación de Pensionados y la Asociación Libertad y Democracia se suman a la petición venezolana por la Protección Temporal)
Desde la ONG ‘Un Salvavida para Venezuela’ anuncian la incorporación de Venezuela Unidad (de Madrid), Venezolanos en España, y el Despacho Jurídico Rosario Casanova (Bilbao), bajo la representación de Alberto Casillas, Alberto Pérez y Emma Rosario Casanova, respectivamente.
La carta que recibió Sánchez afirma que «son miles los venezolanos que han arribado a este país en los años recientes, quienes se encuentran en una situación de absoluta precariedad económica, dado a que no tienen papeles que acrediten su residencia en España, lo cual les impide trabajar a fin de proveer los recursos necesarios para el sustento de sus familias, convirtiéndose en algunos casos, en una carga para el estado español y para fundaciones y asociaciones que proveen ayudas a los más necesitados».
Asimismo, puntualizan que «en su gran mayoría gente joven, y/o con una buena preparación, que se está viendo obligada a trabajar en la economía sumergida, sin poder prestar los servicios técnicos o profesionales para los que están preparados». En este sentido, no dudan en que podrán «contribuir al bienestar y desarrollo de este país, así como a participar en su tejido social, mediante el pago de la seguridad social y los impuestos correspondientes».
