Este lunes 24 de septiembre de 2018, la enfermera de Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén, se negó a ser extraditada a Venezuela, con el argumento de que es objeto de una persecución política en su país, mientras que la Fiscalía española defendió que sea entregada, sin entrar en el fondo de los hechos.
Su abogado, Ismael Oliver, expuso que existen «fundadas sospechas de persecución política» y «serias dudas» sobre la validez de la reclamación, ya que la orden de detención que llevó al arresto de la enfermera en España fue anulada meses después por una instancia judicial superior, sin que Venezuela lo comunicara.(El FBI desarticula una red de ex funcionarios chavistas que lavó en EEUU 1.200 millones de PDVSA)
Por eso cree que las autoridades venezolanas han tratado de engañar a la Justicia española, con quiebra del principio de confianza mutua entre Estados.
El letrado arguyó que la causa abierta contra su defendida se basa en una investigación del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), «un órgano que está sancionado y cuestionado -aseguró- por todos los organismos internacionales de Derechos Humanos».
El presidente del tribunal que estudia el caso, Alfonso Guevara, advirtió al letrado de que, en ningún caso, pueden los magistrados entrar en el fondo de la reclamación, y apuntó que el Consejo de Ministros español autorizó su tramitación.(Procesaron en Andorra a dos ex ministros de Hugo Chávez por un expolio de USD 2.000 millones a PDVSA)
La venezolana fue arrestada en Madrid el pasado 25 de abril, desde entonces, el gobierno de Maduro reclama la extradición por presuntos delitos de blanqueo de capitales.
La enfermera fue arrestada junto a su marido, Adrián José Velásquez, que ejerció de jefe de seguridad de Chávez y que también está reclamado por Venezuela por los mismo delitos, si bien la vista de ésta mañana se celebró solo para decidir la extradición de ella.
