La Policía colombiana logra un nuevo hito en materia de seguridad. Tras meses de investigación desbarató una red que vendía identidades falsas a inmigrantes de países árabes y africanos.
Según fuentes policiales colombianas y agencias estadounidenses, la investigación demandó más de dos años y culminó con la detención 32 personas, algunas de ellas funcionarios que facilitaban los ilícitos y colaboraban con la organización delictiva en el ingreso de personas procedentes de Asia y África a Colombia, a quienes luego otorgaban cédulas y pasaportes falsos con los que intentaban ingresar a EEUU y se desplazaban por otros países latinoamericanos.
La estructura de la organización fue detenida después de procedimientos de la policía y las agencias de seguridad, que comenzaron en 2016 y continuaron hasta fines de septiembre de 2018. ((VIDEO) Entrevista completa a la jueza chavista que solicita asilo en Colombia)
La pista que abrió la investigación se originó con la captura de un ciudadano colombiano de origen árabe islámico en los EEUU.
El apresado, de nombre Azam Al-Rifai, fue detenido en diciembre de 2016 por autoridades migratorias estadounidenses convirtiéndose en el personaje principal a partir del cual se identificaron a los primeros seis integrantes de la red que, presuntamente, proveía a personas originarias de Oriente Medio de los documentos que se requieren para disponer de la ciudadanía colombiana.
Esas seis personas ingresaron en América Latina debido a gestiones de Al-Rifai ante funcionarios de dos gobernaciones colombianas. El detenido tenía en su poder su pasaporte colombiano, pero algunas dificultades para comunicarse en idioma español. Tal situación disparó las alertas de los agentes estadounidenses, que procedieron a registrarlo cuando trataba de ingresar a EEUU.
Cuando los oficiales de migraciones desbloquearon el teléfono celular de Al-Rifai, encontraron un listado de nombres y fotografías de nueve personas originarias de países árabes (Siria, Jordania y Líbano), quienes también tenían documentación colombiana expedida por las oficinas de pasaportes de las gobernaciones de Magdalena y La Guajira.
El teléfono incautado por las autoridades estadounidenses se convirtió en la punta del ovillo de un hilo por medio del cual se comenzó a desentrañar una gran operación de investigación transnacional que permitió la captura de los seis integrantes de la red que, mediante fraude, obtenía cédulas de identidad y pasaportes colombianos, a quienes llegaban a Colombia desde Oriente Medio.
En materia de la investigación, en 2016, los medios de prensa colombianos informaron que en su momento hubo siete de funcionarios que quedaron detenidos, aunque dos de los apresados, Boris Polo Padrón y Carlos Arturo González Torres, quedaron en libertad por falta de pruebas.
Sin embargo, en una segunda etapa de la investigación, un procedimiento realizado hace dos semanas por Migraciones, la DIJIN y la Fiscalía, estableció la idoneidad de esas identificaciones y los métodos que se utilizaron para obtenerlas respaldándolas con actas en registros civiles para que dichos ciudadanos pudieran viajar a EEUU como colombianos.
No obstante, el procedimiento policial de finales de septiembre pedido por la Fiscalía con apoyo de agencias estadounidenses, fueron capturados otros funcionarios municipales de las localidades de Ciénaga y Pivijay, en Magdalena; y las Coordinadoras de las oficinas de pasaportes de ambos departamentos junto a dos ex funcionarios de las oficinas de La Guajira.
Para las autoridades estadounidenses, quienes viajaron con los documentos falsos son señalados como presuntos miembros de grupos terroristas islámicos. En tanto, a los funcionarios colombianos detenidos se les imputan cargos de tráfico de personas, falsedad ideológica, fraude procesal, cohecho y asociación para ilícita.
Lo llamativo para los investigadores locales y lo que les lleva a evaluar la posibilidad de infiltración terrorista es que los árabes tramitaron registro civil y pasaportes colombianos sin que ninguno de ellos registrara movimientos migratorios de ingreso a Colombia, es decir realizaron todos los tramites on line.
Además, Maxim Abbud, Elias Kallas, Ali Harnie, Haisam Hamie Atat, Lama Hamie, Amer al Refaee, Bachar Tuameh y Ahmad al-Hariri, cuyos contactos fueron hallados en el celular de Al-Rifai, tenían números consecutivos de cédula colombiana y pasaporte, lo cual indica que habrían hecho el trámite el mismo día y ante los mismos funcionarios. (Miss Colombia ataca a la participante transgénero de España)
A pedido de la Fiscalía General y con el apoyo de la Registraduría, se ordenó la inspección a las oficinas registrales de pasaportes de Magdalena y La Guajira, ésta ultima región es considerada una zona crítica que está siendo monitoreada por varias agencias de seguridad por sus conexiones con Venezuela y la zona de Triple Frontera (Paraguay, Brasil y Argentina) por actividades de grupos terroristas islámicos relacionados con actividades de tráfico de drogas, contrabando de mercaderías y lavado de dinero desde hace mas de cinco años.
Los investigadores pudieron establecer, efectivamente, que los documentos fueron expedidos de forma irregular y no fueron tramitados personalmente.
La investigación también condujo a los agentes policiales hasta Said José Sarquis Lissa, funcionario registrador de Pivijay, y Eduardo Noguera Dangón, registrador de Ciénaga. También fueron detenidas Noralit María Barliza Freyle, coordinadora de la oficina de pasaportes de La Guajira y Kathleen Loraine Villalba Ruiz, de la oficina de pasaportes de Magdalena y a dos ex-funcionarios de esa dependencia, Rafael Ricardo Martínez Lubo y Olmides de Jesús Rincones Rodríguez.
A principios de esta semana, la jueza 63 de Control y Garantías otorgó la libertad condicional a los dos ex registradores y a la funcionaria de la Gobernación del Magdalena. Su defensa argumentó que la Fiscalía no demostró un grado razonable de autoría y participación y que sus defendidos son personas con arraigo en la región, que no representan riesgo de fuga. Sin embargo, fuentes de Migraciones aclararon que quedan vinculados al proceso y que ejercerán su defensa en libertad.
Respecto a los ciudadanos detenidos de origen árabe se investiga su vinculación con familiares en Venezuela y Triple Frontera como así también a organizaciones terroristas islamistas.
