Dictadura en Venezuela

ZTE, el gigante chino que ayuda tecnológicamente a la dictadura de Nicolás Maduro

Está impulsando a Venezuela a construir un sistema que supervise el comportamiento de los ciudadanos

ZTE, el gigante chino que ayuda tecnológicamente a la dictadura de Nicolás Maduro
Maduro y Xi Jinping

La dictadura de Venezuela tiene un importante aliado internacional. El gigante chino de telecomunicaciones ZTE está ayudando a Venezuela a construir un sistema que supervise el comportamiento de los ciudadanos a través de una nueva tarjeta de identificación. El «carnet de la patria», que ya está siendo usado por el Gobierno para rastrear votos, preocupa a algunos. (¿Sabes por qué las agencias de inteligencia de EE.UU. recomiendan no usar los teléfonos de los chinos Huawei y ZTE?)

En abril de 2008, el entonces presidente venezolano Hugo Chávez envió a funcionarios del Ministerio de Justicia a visitar a sus homólogos en el centro de tecnología chino de Shenzhen.

La misión era conocer el funcionamiento del programa nacional de documentos de identidad de China, según dijo un miembro de la delegación venezolana. Pero una vez en Shenzhen, los venezolanos se dieron cuenta de que una tarjeta podía hacer mucho más que solo identificar al dueño del documento.

En la sede del gigante chino de telecomunicaciones ZTE Corp, la delegación aprendió cómo China, mediante el uso de tarjetas inteligentes, estaba desarrollando un sistema que ayudaría a Pekín a seguir el comportamiento social, político y económico. (ZTE participa en la primera prueba de 5G del Gobierno de China)

«Lo que vimos en China cambió todo», dijo el asesor técnico Anthony Daquin, miembro de aquella delegación venezolana. Su asombro inicial, dijo, se volvió gradualmente en temor de que un sistema así pudiera llevar a cometer abusos contra la privacidad de las personas en Venezuela. «Ellos buscaban tener el control de los ciudadanos», agregó.


Al año siguiente, cuando Daquin confesó sus preocupaciones a funcionarios venezolanos, fue detenido y extorsionado por agentes de inteligencia, dijo el asesor a Reuters. Le rompieron varios dientes al golpearlo con una pistola y lo acusaron de «traidor», aseguró Daquin, quien dijo que por eso huyó del país.

Portavoces del gobierno venezolano no hicieron comentarios sobre la versión de Daquin.

El proyecto languideció, pero casi 10 años después de aquel viaje a Shenzhen, Venezuela lanzó una nueva tarjeta de identificación inteligente conocida como «carnet de la patria».

La tarjeta transmite datos de sus titulares a servidores de computadoras. El carnet está cada vez más vinculado a la entrega de alimentos subsidiados, salud y otros programas sociales del gobierno, de los que depende la mayoría de los venezolanos para sobrevivir.

Y ZTE, cuyo papel en el proyecto de la patria se detalla aquí por primera vez, está en el corazón del programa.

Como parte de un esfuerzo oficial de 70 millones de dólares para reforzar la «seguridad nacional», Venezuela contrató el año pasado a ZTE para armar una base de datos con los carnets y crear un sistema de pago móvil para usar con la tarjeta, según contratos revisados ​​por Reuters.

Un equipo de empleados de ZTE ahora funciona dentro de una unidad especial de CANTV, la compañía estatal de telecomunicaciones de Venezuela que administra la base de datos, según dijeron cuatro empleados actuales y anteriores de CANTV.

El carnet de la patria genera preocupación entre algunos ciudadanos y grupos de derechos humanos que creen que es una herramienta para que el gobierno del presidente Nicolás Maduro monitorice a la población y reparta los escasos recursos entre sus leales.

«Es un chantaje», dijo Héctor Navarro, uno de los fundadores del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela y ex ministro de Chávez, sobre el programa del carnet de la patria.

«Los venezolanos que tienen el carnet de la patria tienen más derechos que los que no lo tienen«, agregó.

En una entrevista telefónica, Su Qingfeng, el jefe de la unidad de Venezuela de ZTE, confirmó que la empresa vendió a Caracas los servidores para la base de datos y que está desarrollando la aplicación de pago móvil.

La compañía, dijo Su, no violó las leyes chinas o locales y no tiene ningún papel en la forma en que Venezuela recopila o utiliza los datos de los titulares de tarjetas.

«No apoyamos al gobierno», dijo. «Solo estamos desarrollando nuestro mercado».

Un derrumbe de la economía en Venezuela está provocando hiperinflación, escasez generalizada de alimentos y medicamentos y un éxodo creciente de ciudadanos desesperados. El presidente Maduro, el sucesor de Chávez, ha sido sancionado por Estados Unidos y es criticado por gobiernos desde Francia a Canadá por ser cada vez más autocrático.

Pero Maduro tiene un aliado. La tarjeta también muestra cómo China, a través de empresas vinculadas con el estado como ZTE, exporta conocimientos tecnológicos que pueden ayudar a los gobiernos de ideas afines a rastrear, recompensar y castigar a los ciudadanos.

La base de datos, según empleados del sistema de tarjetas y capturas de pantalla de datos de usuarios revisados ​​por Reuters, almacena detalles como cumpleaños, información familiar, empleo e ingresos, inmuebles propios, historial médico, beneficios estatales recibidos, presencia en las redes sociales, membresía de un partido político y si una persona votó.

La divulgación por parte del gobierno de la participación de ZTE se ha limitado hasta ahora a una referencia pasajera en un comunicado de prensa de febrero de 2017 que le da crédito a la compañía por ayudar a «fortalecer» la base de datos.

El gobierno de Venezuela no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo. Nadia Pérez, portavoz de CANTV, la firma estatal de telecomunicaciones, declinó hacer comentarios y Manuel Fernández, el presidente de la compañía, no respondió a correos electrónicos ni a mensajes de texto de Reuters. El Ministerio de Justicia de China y su embajada en Caracas no respondieron a los pedidos de comentarios.

Aunque ZTE cotiza en bolsa, su principal accionista es una empresa estatal china y el gobierno es un cliente clave.

ZTE se ha enfrentado a Washington en el pasado por tener tratos con gobiernos vistos como autoritarios.

La compañía pagó este año 1.000 millones de dólares para llegar a un acuerdo con el Departamento de Comercio de Estados Unidos, en una de las varias multas que la empresa recibió tras enviar equipos de telecomunicaciones a Irán y Corea del Norte, violando las sanciones de Washington y leyes de exportación.

La acción del Departamento de Comercio fue desencadenada por un informe de 2012 de Reuters indicando que ZTE vendió a Irán un sistema de vigilancia, que incluía componentes de Estados Unidos, para espiar las telecomunicaciones de sus ciudadanos.

Expertos legales en Estados Unidos dijeron que no está claro si ZTE y otras compañías que proveen el sistema del carnet de la patria violan sanciones impuestas por Washington a altos dirigentes venezolanos al dar herramientas que los críticos creen que refuerzan la permanencia del gobierno en el poder.

Fernández, el presidente de CANTV, es uno de los sancionados debido a la censura que la empresa aplica al internet en Venezuela, según un comunicado del Departamento del Tesoro. Pero las prohibiciones hasta ahora buscan primordialmente frustrar los negocios con Maduro y otros altos funcionarios, no el comercio habitual en Venezuela.

Aún así, los legisladores estadounidenses y otros críticos del gobierno de Maduro están preocupados por el papel de ZTE en Venezuela. «China está en el negocio de exportar su autoritarismo», dijo a Reuters el senador estadounidense Marco Rubio, en un correo electrónico.

«La creciente dependencia del régimen de Maduro en ZTE en Venezuela es solo el último ejemplo de la amenaza que las empresas chinas dirigidas por el Estado representan para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos«, agregó.

Para entender cómo funciona el carnet de la patria y cómo nació, Reuters revisó contratos confidenciales y documentos internos del gobierno relacionados con su desarrollo. También entrevistó a docenas de empleados actuales y anteriores de ZTE, del gobierno venezolano y de CANTV, o la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, como se conoce formalmente a la empresa.

Los entrevistados confirmaron los detalles del proyecto y los orígenes del plan que narró Daquin.

«UN INTENTO DE CONTROLARME»

A lo largo del año pasado, Maduro instó a los ciudadanos a inscribirse y sacar la nueva tarjeta, y dijo que es esencial «construir un nuevo poder popular en Venezuela». Unos 18 millones de personas -más de la mitad de la población- ya lo han hecho, según cifras del gobierno.

«Con este carnet vamos a hacer todo de ahora en adelante», dijo Maduro por la televisión estatal en diciembre pasado.

Para alentar su adopción, el gobierno ha dado premios en efectivo a los titulares de los carnet por desempeñar tareas cívicas, como reunir a los votantes.

También ha otorgado pagos únicos, como a las mamás inscritas en el sistema, a quienes dio un bono por el Día de la Madre de aproximadamente dos dólares. El pago, en mayo pasado, era equivalente a casi un salario mínimo mensual, que alcanza para comprar un cartón de huevos al ritmo actual de la inflación.

Maduro además está tomando medidas para forzar la adopción de la tarjeta.

El gobierno ahora dice que los venezolanos necesitan el carnet para recibir beneficios que incluyen medicamentos, pensiones, canastas de alimentos y combustible subsidiado.

En agosto, los jubilados protestaron frente a las oficinas principales del instituto nacional de seguridad social y se quejaron de que la regla de exigir el carnet de la patria para cobrar su dinero limitaba el acceso a pensiones ganadas con esfuerzo.

Benito Urrea, un diabético de 76 años, dijo a Reuters que una médica estatal le negó recientemente una receta de insulina y lo acusó de ser miembro de la «derecha» porque no se había inscrito en el sistema del carnet. Como muchos venezolanos, sobre todo aquellos que se oponen al gobierno de Maduro, Urrea ve la tarjeta con sospecha.

«Lo sentí como un intento de persuadirme, comprarme, por mis necesidades», dijo Urrea en su departamento de Caracas.

Con los servidores comprados a ZTE, el gobierno está creando una base de datos que algunos ciudadanos temen esté identificando a quienes apoyan al gobierno y a los que no lo hacen.

Parte de la información, como los datos de salud, se recopila al usar el carnet. Otros datos se obtienen al inscribirse.

Los titulares de tarjetas y los grupos locales de derechos humanos dijeron a Reuters que los administradores hacen preguntas sobre ingresos, actividades políticas y perfiles de redes sociales antes de emitir el carnet.

Los funcionarios públicos se enfrentan a una presión especial para inscribirse, de acuerdo con más de una docena de trabajadores estatales.

Al escanear sus tarjetas durante la elección presidencial en mayo pasado, los jefes les dijeron a los empleados de varias oficinas gubernamentales que les enviaran fotos de ellos en las urnas, aseguraron.

Un documento del Ministerio de Justicia revisado por Reuters mostraba una lista de empleados estatales que no votaron.

Después de que Chávez asumió la presidencia en 1999, buscó empoderar a los venezolanos «invisibles» que no podían acceder a los servicios básicos.

En los años siguientes, más ciudadanos recibieron documentación, pero los carnets eran frágiles y fáciles de falsificar, según un informe del Ministerio de Justicia de 2007.

El informe, revisado por Reuters, recomendó una nueva tarjeta habilitada para usar un microchip que sería más difícil de falsificar, pero no se avanzó en ese esfuerzo.

Ese diciembre, luego de casi una década de gran popularidad, Chávez sufrió su primera derrota electoral, perdiendo un referéndum para eliminar los límites al período de gobierno.

Poco después, los precios del petróleo se desplomaron, golpeando a la economía casi monoproductora.

Chávez se esforzó para apaciguar su base de clase trabajadora, incluyendo a muchos que aún carecían de esos documentos de identidad. Y envió a China a Daquin, el principal asesor de seguridad de la información de su Ministerio de Justicia.

La tecnología que Daquin y sus colegas conocieron en Shenzhen fue la base de lo que se convertiría en el «Sistema de Crédito Social» de China.

El sistema, en constante evolución y parte del cual usa «tarjetas inteligentes de ciudadanos» desarrolladas por ZTE, califica a las personas según su comportamiento, incluida su solvencia financiera y la actividad política.

El buen comportamiento puede hacer que los ciudadanos obtengan descuentos en servicios públicos o préstamos. Las «malas notas» pueden llevar a que se les prohíba usar el transporte público o que sus hijos no puedan ingresar a las mejores escuelas.

Los ejecutivos de ZTE mostraron las tarjetas inteligentes venezolanas a las que se integró una identificación por radiofrecuencia o RFID, una tecnología que permite a través de ondas de radio rastrear la ubicación y datos.

Otras tarjetas utilizan los llamados códigos de respuesta rápida, o QR, códigos de barras matriciales que se usan comúnmente para almacenar y procesar información.

Después del viaje, Venezuela volteó la mirada a Cuba, su más cercano aliado político, y le pidió ayuda para crear su propia versión de tarjetas RFID.

«El nuevo objetivo era Big Data», dijo Daquin.

En junio de 2008, Venezuela acordó pagarle a una empresa estatal cubana 172 millones de dólares para desarrollar seis millones de tarjetas, según una copia del contrato.

Los funcionarios del gobierno cubano no respondieron a las preguntas sobre el acuerdo.

Para el año 2009, Daquin comenzó a inquietarse por el potencial que tenía el programa del carnet para cometer abusos en la privacidad de los ciudadanos. Y expresó sus preocupaciones ante funcionarios como Vladimir Padrino, un general de la época que ahora es ministro de Defensa de Venezuela.

El Ministerio de Defensa no respondió a las llamadas telefónicas, correos electrónicos ni a una carta presentada por Reuters para hacer comentarios.

En la mañana del 12 de noviembre del 2009, en su panadería habitual de Caracas, seis oficiales armados con uniformes de la agencia nacional de inteligencia esperaban a Daquin, según contó a Reuters.

Le mostraron fotos de su hija y lo obligaron a conducir hacia el este, hacia la ciudad de Guatire. En un camino secundario, dijo Daquin, lo golpearon con pistolas, le metieron un arma en la boca y le sacaron varios dientes, que aún le faltan.

«¿Por qué traicionas a la revolución?», preguntó uno. Le exigieron 100.000 dólares por su liberación, dijo Daquin.

Daquin, quien dice que había estado ahorrando durante años para comprar una propiedad, fue a su casa, sacó dinero de una caja fuerte y se lo entregó a los hombres. Esa noche, reservó un vuelo para él, su esposa y sus tres hijos a Estados Unidos, donde ha vivido desde entonces, trabajando como asesor de seguridad de la información.

Su hermano, Guy, que también vive en Estados Unidos, confirmó la narración de Daquin.

La documentación revisada por Reuters corrobora su papel en el Ministerio, y personas familiarizadas con el trabajo de Daquin confirmaron su participación en el proyecto del carnet.

Después de que Daquin huyó, el contrato con Cuba no llegó a ninguna parte, según otro ex asesor.

En marzo de 2013, Chávez murió. Maduro, su heredero como candidato del Partido Socialista, fue elegido presidente al mes siguiente. El prolongado desplome petrolero arrastró a Venezuela a la recesión.

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