Cuando Alexandra salió de su natal Maracaibo, nunca pensó que un día preferiría regresar, pese al hambre. Y es que en ese momento no imaginaba que sería una de las migrantes venezolanas en caer en manos de la explotación sexual, cuyas redes se han ampliado aprovechándose de la crisis humanitaria del vecino país. ( «No se aceptan homosexuales», la polémica norma de una fundación colombiana que ayuda a la diáspora venezolana)
En una semana, las autoridades colombianas desmantelaron tres de estas bandas que comerciaban con el cuerpo ajeno. Una de ellas fue la que la explotó por dos meses.
«Tengo hermanos pequeños que estaban comiendo una vez al día. Así que los dos mayores decidimos buscar dinero en otro lado», contó Alexandra, de 22 años, que prefirió no dar su nombre real por seguridad. Así decidió aventurarse con Jonathan, de 27, a cruzar la frontera y llegar a La Guajira. Se instalaron en Maicao con una mano adelante y la otra atrás, pero con el ánimo de encontrar por lo menos una oportunidad.
Durante unas semanas pidieron limosnas en las calles de Riohacha, la capital guajira, para reunir lo suficiente para llegar a Bogotá, donde unos conocidos los esperaban ya con trabajo. «Nada estable, pero ellos sabían cómo moverse allá», comentó. Pero su destino cambió con otra recomendación y se fueron hasta Barranquilla, donde él trabajaba en un restaurante informal y ella siguió con la venta de dulces. (Los nombres y apellidos de la “falsa oposición venezolana” que disfrazan de democracia al régimen chavista.)
Así, sin poder llegar a la capital, se cumplieron los seis meses de estadía permitidos por el gobierno. «En esa situación no podíamos irnos a Bogotá. Decidimos quedarnos hasta que mi hermano fue detenido. Él era el que llevaba la mayor parte del dinero a la casa, casi que quedé en la calle«, contó Alexandra. En busca de una actividad más estable que la venta de dulces, llegó a las manos equivocadas.
«Una venezolana que conocí por el barrio me dijo que le habían contado de una casa donde daban una pieza y comida a cambio de estar desnuda frente a una cámara. Ella no trabajó en eso, pero me dijo que solo era desnudarse, nada grave», siguió. Alexandra llamó a un número y acordó una cita. En el lugar, le ofrecieron conseguirle una cédula y le explicaron que con el trabajo pagaba el alojamiento y la alimentación, y tendría algo más.
La casa tenía pequeños cubículos con un computador y objetos sexuales que debía usar durante las sesiones. «Había unos que nunca había visto, otros compañeros me enseñaron a usarlos (…) No me gustaba, todavía siento vergüenza, pero necesitaba comer y mandar a mi casa», contó. Nunca pudo mandar. A los pocos días se dio cuenta que no los dejaban salir del lugar, y entonces conoció las verdaderas condiciones.
Dormían arrumados en pequeñas habitaciones unos 30 venezolanos, hombres, mujeres y transexuales; de acuerdo a la Policía de Barranquilla. Cumplían horarios de ocho horas de trabajo. Cada mes les pagaban 64,5 dólares, aunque el administrador recaudaba hasta 4.840 dólares. De ese dinero debían sacar para pagar la estadía y las tres comidas que les suministraban (5,4 dólares diarios). Y pronto le pidieron tener sexo con otro compañero frente a las cámaras.
«Una se siente sucia, sabía que tenía que salir de ahí», confesó Alexandra. Pero eso solo sucedió dos meses después de su llegada cuando la Policía desmanteló, en dos días, unas casas en el barrio Los Andes cuyos propietarios explotaban sexualmente a migrantes a través de la modalidad webcam. Unos 60 venezolanos fueron encontrados. Dos falsos religiosos fueron capturados.
Los dos hombres habían ofrecido un tentador contrato que les incluía estadía y alimentación, incluso una cédula para pasar de legales en el país. Y solo debían satisfacer los deseos sexuales más perversos de clientes al otro lado de la pantalla. Pero en vez de eso los encerraron y les pagaron mucho menos de lo acordado.
Fue tal como suelen hacer las redes de trata de personas -que no solo es para la explotación sexual, sino también laboral, matrimonio servil, mendicidad-: ofrecen unos beneficios atractivos que al final no cumplen; como explica la Organización Internacional para las Migraciones (OMI). Y que se han fortalecido en Colombia a la medida que aumenta el número de migrantes de Venezuela, que ya son más de 1.032.000, según cifras de Acnur y la OMI.
Muestra de ellos son los casos que han sido descubiertos por las autoridades. A los dos de Barranquilla les antecedió uno en Cúcuta (zona fronteriza), donde la Seccional de Investigación Criminal de la Policía y la Fiscalía desmantelaron una red que reclutaba venezolanos bajo la promesa de trabajar en una finca cafetera en Quindío, pero que al llegar eran obligados a convertirse en expendedores de droga.
Confinados en una casa ubicada en Armenia, capital del departamento, fueron encontrados 20 extranjeros que fueron trasladados ahí en busetas, y que estaban obligados a pagar a los delincuentes 200 dólares por los gastos que les representaron. Además, eran sometidos a maltratos físicos y a trabajo forzado bajo amenaza. De acuerdo con las autoridades, la organización criminal ya había asesinado y desaparecido a varios ciudadanos venezolanos.
«Los criminales se aprovechan haciendo ofertas engañosas y les ofrecen a sus presas una condición de trabajo distinta a la que se concreta, además les impiden la movilidad y les suprimen sus documentos personales para tenerlos condicionados a una relación de dependencia», explicó a InSight Crime Lilian Aya, consultora del área de trata de personas de la OIM.
Este es el crimen internacional considerado como una forma de esclavitud moderna, y que es el tercer negocio más rentable del mundo, según la OIM. Entre el año 2014 y mayo de 2018 han sido asistidas 243 posibles víctimas de trata de personas en el país, según un informe de la Defensoría del Pueblo; principalmente en casos de explotación sexual, laboral y matrimonio servil. Y el 83% fueron mujeres.
Para las autoridades, sin embargo, la cifra podría aumentar por la falta de denuncia por miedo o vergüenza, y por las víctimas a las que no se logra recuperar. Mucho más complicado aún es conocer el estado de los migrantes venezolanos. Solo en Bogotá, desde 2016 a la fecha, se han atendido 93 casos de trata, según datos de la Alcaldía Distrital. Y de ese total, el 75% son de nacionalidad venezolana.
«La condición de vulnerabilidad de los venezolanos aumenta debido a la situación de extrema precariedad económica que motiva la migración masiva, y los convierte en presa fácil de los grupos criminales dedicados a la trata de personas», aseguró Insight Crime.
La situación ha cambiado incluso las estrategias de reclutamiento. Antes las redes estaban en las zonas más vulnerables, ahora solo van a las fronteras o a las zonas de migrantes en las ciudades. Por eso, el Gobierno colombiano ha aumentado los operativos para frustrar estas organizaciones criminales y han lanzado campañas de prevención para que las personas no caigan en ellas.
