La secretaria general del PP andaluz, Loles López, ha instado el 25 de marzo de 2015 a la Fiscalía Anticorrupción a investigar la grabación en la que un alto cargo del gobierno andaluz «amedrenta» a un grupo de trabajadores públicos con la posibilidad de perder su empleo si no hacían campaña por el PSOE ante la inminencia de los comicios autonómicos de 2012.
«Son prácticas que no tienen cabida en democracia y que es difícil asumir que existen en nuestra comunidad si no fuera porque la grabación no deja lugar a dudas», dijo la dirigente popular, quien preguntó a Díaz si entre sus «estrategias electorales» se encuentra la de «amenazar a trabajadores públicos con el despido».
Esa grabación que llevamos escuchando los andaluces desde ayer es una vergüenza que deja al descubierto lo que todo el mundo sabe en Andalucía, sobre todo muchos trabajadores que no hablan por presiones políticas: que hay una red clientelar tejida con miedo durante décadas de socialismo para seguir ganando elecciones.
Para López, se trata además de una muestra del «uso fraudulento» que hace el PSOE de los recursos públicos destinados a crear empleo y su «relación directa» con la «insoportable» tasa de desempleo y la corrupción en Andalucía, que ayer provocó la detención de 16 cargos de la Junta en una operación policial asociada al fraude de los cursos de formación.
Además, destacó que Irene Sabalete, quien al parecer es quien habla en dicha grabación, ha sido la candidata de Díaz en la lista de Jaén en estos últimos comicios. «Así paga Díaz los servicios prestados al PSOE, aunque se dejen en el camino miles de puestos de trabajo que no se han creado por la corrupción socialista», espetó. Sabalete es una de las detenidas en la operación efectuada en el día de ayer.
Por ello, consideró «imprescindible» y «urgente» las explicaciones de la presidenta de la Junta en funciones al respecto, así como la puesta en marcha «inmediata» de la Comisión de Investigación en el Parlamento que anunció Juanma Moreno el pasado lunes.
El nuevo gobierno y el nuevo Parlamento tiene que retratarse ya ante la corrupción del gobierno andaluz, habida cuenta de que lo que está claro es que a Díaz no le preocupa que haya corrupción institucionalizada, es más, le conviene; lo que le preocupa es que se haga pública.
