En la cúspide de la pirámide de responsables del saqueo de fondos públicos ocupa un lugar destacado Juan Lanzas Fernández
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, este tomando declaración este 10 de octubre de 2013 a los detenidos por la Policía Judicial en la segunda fase de la operación Heracles relacionada con el fraude de los ERE subvencionados por la Junta de Andalucía.
Entre los que sientan en el bamnquillo hay varios dirigentes sindicales de UGT y CCOO, empresarios y algún miembro de la banca.
De momento, la macrocausa de los ERE falsos se salda con un total de 161 imputados y con una instrucción que se desconoce cuándo puede finalizar por las numerosas diligencias de investigación que aún quedan por practicar a instancias de la instructora.
La magistrada Alaya, inasequible al desaliento, está realizando una investigación exhaustiva con el fin de llegar hasta al último responsable político que autorizó o consintió el fraude de las subvenciones públicas.
Las cifras de este sumario son espeluznantes. Al parecer el montante global del dinero supuestamente defraudado asciende a 1.217 millones de euros.
Los sindicatos se habrían embolsado una cantidad nada desdeñable 7,6 millones. El imputado Juan Lanzas, conocido como el conseguidor, por su trabajo de intermediario habría recibido nada menos que 13 millones de euros.
Esta segunda fase de la citada operación es fruto de la documentación recabada en la primera fase y se centra en las maniobras que llevaban a cabo los imputados para «distraer partidas de dinero identificadas como sobrecomisiones, de los fondos públicos asociados a subvenciones excepcionales vinculadas principalmente a expedientes de regulación de empleo».
El objetivo de la segunda fase era «concretar determinados aspectos vinculados a los objetivos establecidos en la primera fase y esclarecer nuevos hechos derivados de estas nuevas investigaciones».
Entre los presuntos responsables hay mediadoras, aseguradoras, «conseguidores», entramados societarios creados para dar cobertura a las operaciones, un despacho de abogados como distribuidor de los activos obtenidos de manera irregular, sindicatos, empresarios y la Junta de Andalucía «como fuente de financiación de la que se surtirían las numerosas sobrecomisiones».
De hecho, la Guardia Civil ha investigado la participación de representantes y dirigentes de organizaciones sindicales en los procesos de los expedientes de regulación de empleo asociados a las distintas pólizas por prejubilaciones, así como su relación con las asociaciones ilícitas descritas en la primera fase, concluyendo si pudiese existir algún tipo de responsabilidad penal.
Es más, los agentes han analizado los pagos de empresarios a las «tramas ilícitas» descubiertas como contraprestación a la financiación pública obtenida en sus expedientes de regulación de empleo.
La pista, Mercasevilla
Este escándalo de corrupción en Andalucía comenzó cuando se estaba investigando el caso de la empresa sevillana Mercasevilla, en la que se detectaron prejubilaciones aparentemente fraudulentas.
Por tanto, el fraude de los ERE en Andalucía es una pieza separada del sumario de Mercasevilla. Ya en 2001, la Junta de Andalucía, presidida por Manuel Chaves, inició un procedimiento para dar apoyo económico a empresas con problemas, que se veían obligadas a presentar expedientes de regulación de empleo para realizar prejubilaciones o despidos, y a los trabajadores afectados por estos ERE.
De lo investigado por Alaya se puede constatar lo siguiente: que hubo prejubilaciones presuntamente fraudulentas, pagadas a personas que nunca habían trabajado en las empresas afectadas.
Subvenciones a empresas que no estaban presentando un ERE e, incluso, a personas que no llegaron a crear ninguna empresa, y comisiones, muy por encima del valor de mercado, a intermediarios entre la Junta de Andalucía y los trabajadores: aseguradoras, consultoras, bufetes de abogados y sindicalistas.
La meta está en el Supremo
Sin duda alguna el auto más relevante dictado por la juez Alaya, desde el punto de vista jurídico-político, fue el que hacía referencia al aviso de imputación de los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Esta resolución judicial es de crucial importancia para el desarrollo de la investigación porque supone un cambio en el estadio procesal al dirigirse contra aforados. Esto significa, según fuentes jurídicas consultadas por este diario, que Alaya deberá dictar otro auto en el que concrete las razones de la imputación contra los aforados.
De momento, la Fiscalía Anticorrupción recurrió dicho auto ante la Audiencia Provincial de Sevilla por no ajustarse a Derecho.
En cualquier caso, según las citadas fuentes, «este asunto llegará al Tribunal Supremo que será el encargado de su instrucción y enjuiciamiento».
Ahora, falta por saber cuándo Alaya dictará dicho auto con la exposición razonada porque supondrá que pierde la competencia para instruir el caso.
Es más, la juez es consciente de que tiene que cerrar muy bien la investigación de los ERE falsos, en los que lleva trabajando varios años, de tal manera que cuando los imputados sean juzgados por el tribunal competente puedan ser validadas todas las pruebas de cargo de Alaya contra los acusados.
