Carlos Sosa está nervioso. A la derrota en los tribunales, a mediados de 2009, en su guerra particular contra José Manuel Soria por el llamado Caso Salmón, se le suma el hallazgo de que la demanda interpuesta contra el líder del PP en las Islas fue redactada desde el ordenador de la magistrada María Victoria Rosell, según las informaciones aportadas por El Mundo. Ese descubrimiento ha alterado no sólo al director del Canarias Ahora, sino a la propia juez, que niega la mayor y sospecha de que alguien ha estado revolviendo en su terminal. Curioso cuando menos.
Lo cierto es que Sosa ha empezado su particular proceso de descabezamientos varios y, al margen de arremeter contra PedroJota Ramírez y Fernando Lázaro, director y redactor de la cabecera de Unedisa, no olvida meter en la saca, en lugar preferente, a Soria, al que llama «indeseable».
Exceptio Veritatis, el blog del responsable del Canarias Ahora, expone lo siguiente sobre el político conservador: «Al sainete que presencio en un lugar tan privilegiado se sumó desde el principio como instigador principal uno de los personajes que mejor conozco, el político al que he descubierto mayor número de mentiras a lo largo de casi 30 años de ejercicio del periodismo. Mentiras pronunciadas en los juzgados o en las comisiones parlamentarias de investigación, en los medios de comunicación o en cualquier mitin. Se llama José Manuel Soria López y es el presidente del PP canario».
«Por históricas deudas morales del El Mundo con este indeseable personaje (se refiere a José Manuel Soria), que ha financiado a ese diario con dinero de los contribuyentes canarios a través de inútiles y sospechosas campañas publicitarias, el periódico de Pedrojota Ramírez ha abrazado como propia una más de sus increíbles teorías de la conspiración contra las cándidas almas del PP, esas ursulinas descalzas que no han hecho otra cosa que saquear las arcas públicas desde que tocaron el poder».
Asegura Sosa que Soria «quiere que la juez Rosell quede invalidada para investigar los casos de corrupción que aquejan gravemente a ese partido en las Islas. De momento, la magistrada investiga una causa cercana al último escándalo de los conservadores, la adjudicación por 124,7 millones de euros de un concurso de hemodiálisis a una empresa inmobiliaria a la que el mismísimo Soria propició un tremendo pelotazo urbanístico de 9 millones de euros en 2000, cuando la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria sufrió su funesta alcaldía».
EL VARAPALO EN EL TSJC
Lo cierto es que las ínfulas denunciantes de Sosa se quedaron en menos que en agua de borrajas, amén de tener que abonar las costas judiciales. El archivo del Caso Salmón fue decisión de la magistrada de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) Margarita Varona
En su auto, la magistrada señalaba que «no puede considerarse como un soborno la aceptación por parte de Soria de la invitación que el empresario Björn Lyng le hizo para viajar a Austria y Noruega. Además, la invitación a Soria no fue premeditada, sino surgió a iniciativa del músico Justus Franz para que los matrimonios Lyng y Soria fueran a un concierto que iba a dirigir en Salzburgo en agosto de 2005». Varona subrayaba que «el empresario no puso a disposición del político su avión ni lo fletó para el uso exclusivo del matrimonio Soria, sino que les invitó a que les acompañaran porque iba a ir también al concierto».
EL FUTURO
Soria, por supuesto, no se va a quedar al albur de los acontecimientos, sino que piensa llegar hasta el final. Adelantó que el PP, a nivel nacional, pedirá al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que investigue «a fondo» si es cierto que la magistrada María Victoria Rosell redactó una querella contra él mismo por el conocido como «caso salmón».
El líder del PP considera que le parece «sumamente grave» que «en una democracia» al mencionar al autor de una querella «salga el nombre de una magistrada» porque, añadió, en un régimen democrático quienes redactan las querellas son los abogados y quienes las resuelven son los jueces.
La petición se basará en estudiar «el disco duro» del ordenador de la magistrada «con total respeto» a las garantías jurisdiccionales de aquellas personas cuyo nombre pueda ser mencionado en los documentos de la jueza, añadió. «Hay dudas que hay que despejar porque si no la situación sería muy grave», advirtió el líder de los populares canarios.
