Una juez de Toledo ha admitido a trámite una querella contra cuatro administradores de «Hípica Almenara SL», sociedad participada en un 80 por ciento por José Bono.
Más allá de que sea obligada la protección de su presunción de inocencia, es obvio que esta decisión judicial no favorece a un político cuyo nombre vuelve a citarse una vez más -y nunca con éxito, por cierto- en las quinielas sucesorias del PSOE.
Es cierto que la querella no apunta a Bono -con privilegio de aforado ante el Supremo-, pero la necesidad de investigar las cuentas de su sociedad y las dudas jurídicas sobre la comisión de delitos no las ha sembrado esta vez la Prensa, sino una juez.
LAS SOSPECHAS
Según la asociación «Ciudadanía Anticorrupción» (que ejercerá la acusación en solitario como acción popular), el desarrollo experimentado por las instalaciones de Hípica Almenara a partir de 2004 (año en el que Bono deja la presidencia de Castilla-La Mancha para convertirse en ministro de Defensa) no tiene reflejo ni en las cuentas anuales correspondientes a ese ejercicio ni en las de los años 2005, 2006, 2007 y 2008.
Comprobar datos
La titular del Juzgado cree que «a priori no se puede excluir el carácter delictivo de las conductas atribuidas a los querellados», razón por la cual decide abrir unas diligencias previas e investigar los hechos denunciados.
Tampoco está de acuerdo con la Fiscalía en lo que se refiere a la fundamentación de la querella, sobre la que la juez asegura que «no está exenta de datos o elementos fácticos que, indiciariamente, pudieran aparecer como constitutivos de delito».
En opinión del Ministerio Público, la denuncia «se limita a afirmar que es público y notorio el notable incremento patrimonial de la Hípica Almenara citando informaciones periodísticas».