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El famoso 3% vuelve a sobrevolar el panorama catalán en plena recta final hacia las elecciones del 27 de septiembre. Artur Mas y sus convergentes se han despertado sobresaltados con la noticia del registro, por parte de la Guardia Civil, de la Fundación CatDem, vinculada a Convergencia.
La operación está tutelada por el Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell y la Fiscalía Anticorrupción.
Además de la sede de CatDem, también están siendo registrados cuatro ayuntamientos catalanes: los de Lloret de Mar y Figueras (Gerona) y San Celoni y San Cugat del Vallés (Barcelona), en todos los casos por delitos contra la administración pública.
Los registros, llevados a cabo junto a la Fiscalía Anticorrupción y que incluyen también el domicilio del tesorero del partido, Daniel Osacar, se engloban en la denominada operación Petrum 2.
Todo ello se produce días después de que la lista independentista Junts pel Sí presentara a Artur Mas como el adalid de la lucha contra la corrupción. A lo que Albert Rivera contestó el jueves que tiene tanto de azote de corruptos como de «monje tibetano».
IMPACTO ELECTORAL
La operación de la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil supone un duro golpe al poder municipal de Convergència en toda Cataluña con importantes ramificaciones en el Gobierno de la Generalitat que estalla a solo un mes de las elecciones del próximo 27-S.
Los documentos hallados en la sede de Teyco hace un mes revelan pagos relacionados con contratos públicos en ayuntamientos catalanes entre 2009 y 2011, todos ellos gobernados entonces por Convergència i Unió (CiU).
El alcalde de uno de ellos, Figueres, era el actual consejero de Territorio, Santi Vila, mientras al frente de Sant Cugat estaba Lluís Recoder, consejero de la misma cartera en el primer Gobierno de Artur Mas (2010-2012).
Los investigadores han examinado a fondo los expedientes de al menos una gran adjudicación en cinco de esos consistorios: Sant Cugat y Sant Celoni (Barcelona), Lloret de Mar y Figueres (Girona) y Torredembarra (Tarragona).
LOS REGISTROS
La Fiscalía Anticorrupción ha reunido indicios sólidos sobre el pago de comisiones en Cataluña 10 años después de que el expresidente de la Generalitat Pasqual Maragall acusara públicamente a CiU de tener «un problema con el 3%», en alusión a las mordidas.
Hace un mes, los investigadores hallaron pruebas documentales de esos pagos en el registro de la empresa Teyco de los Sumarroca, una familia ligada tradicionalmente a Convergència.
Para corroborar los indicios de financiación ilegal de Convergència, la Guardia Civil está practicando registros tanto en CatDem como en los ayuntamientos de Sant Cugat, Figueres, Sant Celoni y Lloret de Mar.
Todos ellos estaban en manos de CiU cuando se produjeron los presuntos pagos ilícitos, según fuentes de la investigación.
Los investigadores buscan los expedientes de contratos millonarios a Teyco. La mayoría de las adjudicaciones se produjeron en 2008 y 2009, aunque se alargan hasta 2011. Los pagos a CatDem se produjeron hasta el pasado año.
Los agentes también registran la vivienda particular del extesorero de CDC, Daniel Osácar.
Este último ya está acusado en el caso Palau, precisamente por cobrar, para el partido, comisiones que Ferrovial abonaba a Convergència a través del Palau de la Música. El último gobierno de Jordi Pujol adjudicó a la constructora obras de gran envergadura como la línea 9 del metro o la Ciudad de la Justicia.
