(PD).- «Me aburro». Miguel, de 10 años, repite esa frase sin parar. Le gusta la astronomía, la zoología, y tiene un cociente intelectual de 130. Pero sus padres temen que acabe, como casi siete de cada diez niños superdotados (el 68%), en un caso fracaso escolar.
Ahora una jueza de Madrid ha reconocido su derecho a una atención educativa específica.
Enrique va cada día a su clase de segundo de ESO. Pero algunas tardes acude a la Escuela de Ingenieros Agrónomos, donde realiza una investigación sobre Edafología. Si no, se va a la Facultad de Arquitectura, donde estudia el impacto de terremotos en los materiales de construcción. Tiene 12 años.
Se estima que el 2% de la población, unos 300.000 alumnos españoles, tiene potencialmente altas capacidades. Pero el sistema educativo apenas reconoce a unos 3.000, que se benefician de más flexibilidad en los planes de estudios o aceleración de cursos.
Por eso, muchos pierden el interés por los estudios, rinden poco y se aislan. Cuando llegan a la adolescencia, sin hábito de trabajo, suspenden o abandonan los estudios. Y las asociaciones de padres critican la demora en identificar a estos alumnos y aplicar la ley que establece adaptaciones curriculares para su progresión.
El fracaso escolar entre estos cerebros es «superior al 68,3%», asegura Marta Eugenia Rodríguez, directora de Sapientec, que imparte cursos de formación preuniversitaria a medio centenar de menores seleccionados por la Asociación Española para Superdotados y con Talento (AEST) y becados por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
Reconocer a un niño
La batalla de los padres de Miguel empezó cuando tenía cinco años. El pequeño caminó muy pronto, sin gatear. «Tenía un vocabulario amplio, distinto», dice su madre.
A los dos años conocía el nombre de más de 200 animales. A los tres, hablaba de la muerte. Aprendió a leer antes que sus compañeros. Se expresaba como un ‘catedratiquillo’. Pero Miguel lloraba. No quería ir al colegio. No jugaba con niños de su edad. La psicóloga de su colegio en Fuenlabrada (Madrid) les alertó de su capacidad intelectual y sus padres, Olga y Marco, buscaron ayuda.
En la AEST le reconocieron como un niño superdotado que «no estaba integrado, que sufría». Otra evaluación psicológica privada determinó su «ansiedad cognitiva y desajustes afectivos», por lo que lleva dos años en tratamiento.
La batalla de sus padres
La familia solicitó en 2004 a la Comunidad de Madrid una valoración completa del pequeño, y sus equipos de orientación educativa y psicopedagógica (EOEP) determinaron que, aunque su cociente intelectual era elevado «no tenía persistencia en la tarea escolar», un problema que afecta a la mayoría de los superdotados pero que, paradójicamente, es indispensable que no exista para que las insitituciones públicas le presten atención específica.
«No entraba en los parámetros que marcaban, pero el niño estaba mal, y algo había que hacer…», añade Olga. Así que los padres de Miguel acudieron a los tribunales.
La titular del Juzgado 24 de Madrid, tras analizar los informes públicos y privados sobre el menor, reconoció en marzo su derecho a recibir educación especial por su sobredotación intelectual, avalada por equipos no oficiales, y condenó a la Administración a aplicarlas. Es la primera sentencia favorable en Madrid, asegura la presidenta de la AEST, Alicia Rodríguez Díaz-Concha.
A la Consejería de Educación de la comunidad de Madrid no debe parecerle bien, porque ha recurrido. Según este departamento, la evaluación del niño «es competencia exclusiva» de sus equipos, «que no consideran que tenga esas necesidades especiales». «Un informe privado alega la consejería- no puede modificar esa evaluación».
El niño «va mejorando, aunque sigue sin querer ir al colegio, y poniéndose triste», afirma la madre. «No queremos que sea un Premio Nobel, queremos que sea feliz».
