(PD).- Parece increíble y habrá quien piense que se trata de una exageración, pero la realidad es que los casi 15 millones de ciudadanos que residen en Cataluña, el País Vasco, Galicia y Baleares no pueden educar a sus hijos en español, la lengua oficial del Estado, que ha sido expulsada de las Administraciones autonómicas y del sistema escolar.
Que unos padres quieran que sus hijos estudien en castellano cuando ésa es la lengua oficial del Estado es una perogrullada. Pero en cuatro comunidades autónomas españolas o es imposible encontrar un colegio en el que la enseñanza sea en castellano o es harto improbable.
En tres de ellas, los sistemas de inmersión lingüística se aprobaron hace más de una década y han desterrado el español de las aulas.
En el País Vasco, donde el sistema de tres modelos lingüísticos fue elogiado en principio, el reciente decretazo del lehendakari fija ahora unos niveles mínimos de euskara al terminar la Secundaria que ha propiciado que los pocos colegios que mantenían el modelo de enseñanza en castellano lo estén eliminando de sus opciones.
En Galicia y Baleares, el origen de la actual discriminación se sitúa en leyes hechas por el PP en los años 80. Ahora, en estas dos comunidades, con los socialistas en el poder -apoyados por los nacionalistas en Galicia y por varios partidos minoritarios como ERC y Unió Mallorquina en Baleares-, la situación ha empeorado.
En Cataluña, aunque la Generalitat la ocupa el PSE -junto a ERC e ICV-, la inmersión lingüística a partir de los siete años llega heredada de los gobiernos de CiU. En el País Vasco, las normas -las más respetuosas con el castellano en un principio- vienen de Gobiernos nacionalistas.
De las cuatro comunidades, la única en la que se puede estudiar todavía en español es en el País Vasco.
Pero el Gobierno que preside Ibarretxe aprobó un decreto en octubre pasado -sin pasar por el Parlamento vasco- que elimina el castellano a partir de septiembre del sistema educativo e instaura un único modelo de enseñanza en vasco.
Los responsables de Educación alegan que no hay demanda en español, lo cual es absolutamente falso porque la inmensa mayoría de los 220.000 habitantes de Vitoria habla exclusivamente en castellano y quiere que se eduque a sus hijos en esta lengua.
Es el mismo pretexto que se utiliza en Cataluña para no aplicar tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad, que establecen que las autoridades tienen que garantizar el derecho a la escolarización en castellano.
La Generalitat se niega a cumplir esta obligación legal con el pretexto de que ello significaría dividir a los niños y no da opción en sus impresos a que los padres puedan elegir.
De la amenaza a la subvención
La situación en Galicia es similar tras la política de inmersión que está impulsando el Gobierno de coalición entre los socialistas y los nacionalistas del BNG.
El español ha desaparecido de la enseñanza e, incluso, el mero hecho de hablarlo suscita rechazo entre la población adolescente que lo identifica con la extrema derecha.
La paradoja es que, sin embargo, el 80% de los padres gallegos se declara a favor de la libre de elección de lengua para educar a sus hijos, al igual que sucede en Cataluña, Baleares y el País Vasco, donde la gente se muestra partidaria de lo contrario de lo que se está haciendo.
En el caso balear, el Gobierno que preside el socialista Antich, coaligado con nacionalistas radicales como el PSM, está aprovechando el bilingüismo consagrado por el Estatuto de 1983 para imponer el catalán y borrar todos los rastros del español en la vida pública y en las escuelas.
PANORAMA DESOLADOR
El panorama es desolador porque en estas cuatro comunidades lo que hay es una política de inmersión lingüística, diseñada desde sus respectivos Gobiernos, para que el español sea una lengua sin presencia en la vida pública e institucional.
El Gobierno del balear Antich ha llegado a prohibir la señalización bilingüe de las calles y la traducción al castellano de los documentos oficiales. En un reciente folleto editado por el Ejecutivo balear, se dice incluso que el español es una lengua para hablar en casa.
Estamos sencillamente ante un deliberado y planificado intento de utilizar la lengua como instrumento de construcción nacional, dejando de lado los derechos de los ciudadanos que sólo piden que se respete lo que dice la Constitución y lo que pedían los propios nacionalistas cuando, hace 30 años, se lamentaban de la hegemonía del castellano.
