(PD).- La articulación de un movimiento cívico de ámbito nacional para reivindicar que la lengua común de los españoles no quede definitivamente proscrita en las escuelas de Cataluña, País Vasco y Galicia está en marcha y avanza imparable.
Representantes de plataformas ciudadanas de estas comunidades autónomas y de Baleares, donde la imposición del catalán se acaba de aprobar por decreto, trabajan para ensamblar una contestación sólida y efectiva a un estado de cosas «de gravísima y manifiesta vulneración de las libertades», por lo que auguran que su demanda de «Justicia, de respeto a la Constitución y a las leyes y de sentido común» marcará la legislatura que acaba de arrancar.
Como primer paso, después de varias reuniones preliminares para intercambiar información, portavoces de estos grupos cívicos (compuestos fundamentalmente por padres de familia) se han citado de nuevo el día 28 de este mes en un lugar aún por concretar para una nueva puesta en común, ya más avanzada, en la que se debatirá el borrador de un manifiesto común que, una vez consensuado por todos, se hará público y servirá de preludio para movilizaciones de ámbito nacional.
