(PD).- La demandante, Maria Dolors Obiols, empezó a trabajar en la Universidad Pompeu Fabra (UPF) en 1991 en calidad de profesora adjunta en el departamento de Sociología que dirigía el actual presidente del Institut d’Estudis Catalans, Salvador Giner.
Durante el juicio, Obiols sostuvo que el acoso laboral empezó en 1995, cuando el codemandado Sebastián Sarasa sustituyó a Giner e intentó que cambiara su orientación docente, de la sociología teórica a la empírica. También la presionó el codemandado Gosta Esping-Andersen, quien en 1999 fue nombrado jefe del área de Sociología del departamento de Ciencias Políticas y Sociales.
La doctora en Filosofía que impartía clases de Sociología estuvo vinculada a la universidad a través de distintos contratos, hasta que le hicieron uno temporal, que finalizó en 2007. En mayo de ese mismo año, salió a concurso la plaza que ocupaba y se presentó como candidata aunque finalmente no se adjudicó.
En julio de ese año, el centro ofreció a Obiols un contrato como profesora asociada a tiempo parcial impartiendo una asignatura menos, a lo que la docente se negó como hizo dos meses después con otra oferta ya que, según dijo, «era fruto de una coacción». A cambio de contratarla, le pidieron que no denunciara el caso a Inspección de Trabajo.
Para Obiols, son «muchos años de hostilidad y acoso», por lo que ahora pide al magistrado que declare la nulidad de su despido por discriminatorio y acoso moral, orden su readmisión, el abono de los sueldos no percibidos durante el último curso y que la indemnicen con 250.000 euros.
El abogado de la universidad y los codemandados, Enric Arraz, explicó al magistrado que Obiols estuvo vinculada al centro mediante distintos contratos, como el de profesora titular interina, que quedó desapareció por cambios legislativos.
La UPF le propuso, igual que a otros docentes en la misma situación y por respeto al tiempo que llevaba ejerciendo en el centro, un contrato temporal de un año prorrogable a un máximo de cuatro que Obiols rechazó alargar. Para el vicerrector, Jaume Casals –también demandado–, no puede haber un despido improcedente si el contrato laboral es temporal y ha llegado su fecha de finalización.
Sarasa y Esping-Andersen dijeron que, preocupados por el futuro profesional de Obiols, recomendaron a Obiols cambiar de orientación y la animaron a investigar, publicar estudios y participar en las actividades del profesorado, así como a acabar su tesis doctoral, que empezó en 1986 y finalizó en 2002.
En un comunicado, la sala de gobierno de la UPF reconoce que los cambios legislativos no han favorecido la situación laboral de Obiols pero sostiene que «eso no fundamenta este ataque sin fundamento». Además, a su entender, las decisiones tomadas por los codemandados se ajustan al marco legal actual.
