(PD).- No se trata de pedir un favor personal, ni una aclaración a la Consejera de la Junta de Andalucía por quebrantar el derecho de 81 menores a la Protección de Datos.
La Junta de Andalucía deberá responder patrimonialmente por vulnerar derechos fundamentales de 81 menores gravemente conculcados, por incumplir su obligación legal de procurar un entorno libre de violencia y por actuar como instigadora en verdaderos procesos de acoso escolar, desencadenados desde la Junta, contra menores objetores.
El último caso conocido es de un alumno de 4º de ESO , al que el TSJA le concedió las medidas cautelares para no acudir a EpC de 3º y que estando pendiente de sentencia, está siendo constantemente acosado.
De hecho, la dirección del centro ha comunicado a los padres que su hijo tiene ya varias faltas de asistencia a clase de Educación Ético Cívica y que podrían abrirle un expediente disciplinario e incluso expulsarle del Instituto. Ante esa situación el padre pidió una reunión con el tutor. Sin embargo, cuando acudió al centro se encontró no sólo con el tutor sino con buena parte de los profesores del centro que le presionaron para que retirara la objeción de conciencia.
En el instituto, este alumno de cuarto de la ESO, está siendo objeto de burlas y ridiculización continuadas. El profesor ha llegado a decirle en medio del pasillo y delante de los compañeros: «Puedes entrar en clase que no es pecado». La situación provocó las carcajadas del resto de alumnos y el quebranto de su resistencia psicológica.
Desde la Consejería de Educación se insiste en que «no hay acoso» contra los alumnos objetores y que cuando llegan resoluciones judiciales se respetan y se anula la calificación de suspenso que se les ha puesto a los del curso pasado.
Santiago Pérez, portavoz de educación del PP que ha formulado una pregunta urgente en el Parlamento andaluz a la consejera de Educación, afirmó que estamos «retrocediendo 70 años» en la historia y volviendo a la época en que existía la persecución religiosa. «Es un atropello para las familias y contra la sociedad democrática que afecta a la intimidad personal y familiar y conculca gravemente los derechos de estos menores«. Sobre todo porque, según recordó, el programa Séneca tiene todos los datos de los menores y los centros donde estudian: «sólo hay que darle a un botón para localizarlos».
La Fiscalía de Sevilla ha abierto diligencias informativas y el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, «sorprendido y preocupado» por este incidente, según confirmaron a Europa Press fuentes de la Institución, ha decidido abrir una queja de oficio para conocer todos los detalles de la tramitación de este expediente y desvelar porqué han salido publicados en el BOJA los nombres de 81 menores.
La Junta ha de cesar a la Consejera andaluza, que deberá responder al menos patrimonialmente, no solo por vulnerar derechos fundamentales de ochenta y un menores, publicando sus nombres en un boletín oficial; sino también por incumplir su obligación legal de garantizar un entorno libre de violencia y por actuar como instigadora en verdaderos procesos de acoso escolar.
Cuando aquéllos que debieran velar por la salud y la seguridad de los menores en sus centros educativos, actúan como instigadores desencadenando el efecto señal y decretando la veda libre sobre los nuevos chivos expiatorios, se hace imprescindible depurar la responsabilidad patrimonial de la Administración por el daño causado, sancionar y cesar a los directamente responsables y restaurar el interés superior del menor, principio rector que debe guiar a los tres poderes del Estado.
