(PD).-Tres menores de Benamocarra han sido condenadas por la situación de acoso escolar denunciada por una compañera de instituto.
La jueza les ha impuesto dos años de libertad vigilada con una prohibición de acercarse a la víctima y seis fines de semana sin salir de su domicilio. Las tres chicas han sido condenadas por un delito y una falta de lesiones, y un delito contra la integridad moral. Además, a una de ellas se le añade un delito de revelación de secretos y, a otra, una falta de daños.
El caso, que tuvo una gran repercusión mediática, se remonta a noviembre de 2007. La Guardia Civil tuvo conocimiento de los hechos tras el último incidente, en el que le prendieron fuego a la mochila de la víctima al salir de clase.
La investigación del Instituto Armado destapó episodios anteriores. De hecho, un mes antes, en septiembre, las tres menores fueron expulsadas del colegio durante un mes por pegar y grabar con el móvil a la adolescente, que en ese momento tenía 13 años. El vídeo de la agresión fue distribuido vía ‘bluetooth’ entre los chavales del pueblo.
La familia de la víctima denunció que el acoso que sufría la menor le causó trastornos en la alimentación y problemas para dormir. Ante esta situación, la Guardia Civil decidió imputar a las tres presuntas agresoras, de 14 y 15 años, que fueron citadas por la Fiscalía y después por el juzgado, que le impuso una serie de medidas cautelares. Ya entonces se les prohibió acercarse a la víctima y se dictó una medida de libertad vigilada. La Delegación de Educación también tomó cartas en asunto y optó por trasladar a las menores a institutos cercanos.
Ahora, tras un año de investigación, la jueza de Menores encargada del caso consideró a las adolescentes autoras de los delitos que se le imputaban. Las tres chicas han sido condenadas por un delito y una falta de lesiones, y un delito contra la integridad moral. Además, a una de ellas se le añade un delito de revelación de secretos y, a otra, una falta de daños.
Seguimiento del caso
Con estos mimbres, la jueza les ha impuesto a las tres adolescentes el cumplimiento de dos años en régimen de libertad vigilada, que consiste en un seguimiento exhaustivo por parte del equipo técnico de la Fiscalía de Menores.
También se les castiga con seis fines de semana domiciliarios (la imposibilidad de salir de su casa durante ese tiempo), y se les prohíbe acercarse o comunicar con la víctima por cualquier medio, según confirmaron a este periódico las fuentes consultadas.
La sentencia, que no es firme, ya que no hubo conformidad, fue dictada el pasado 11 de noviembre y ha sido notificada hace unos días a las partes.
