Movimiento cívico sin precedentes contra EPC

(PD).-Denuncian presiones al Alto Tribunal, de cuya independencia no dudan, y anticipan que, si éste no reconoce la legitimidad de la objeción, recurrirán al TC y, si fuese necesario, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

(HO).- Así lo advirtieron, en rueda de prensa celebrada en Madrid, representantes de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), el Foro Español de la Familia (FEF), la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA), la Fundación San Pablo-CEU y Profesionales por la Ética. También han estado presentes la Confederación de Padres y Madres de Alumnos (COFAPA) y HazteOir.org, así como Abel Martínez, en representación de la red de juristas que desinteresadamente asesoran y representan ante los tribunales a los objetores, y Marisa Pérez Toribio, presidenta de la plataforma Soria Educa en Libertad, que ha representado a las familias objetoras de toda España.

La campaña, «orquestada por alguna asociación de padres y por el Gobierno intenta infundir miedo y presionar al Tribunal Supremo para que dicte una sentencia en contra de los objetores». «Esta actuación roza casi lo delictivo», subrayó Carbonel, quien seguidamente reclamó «respeto» a los magistrados del Supremo, para posibilitar que «trabajen sin ningún tipo de coacción». Sin citarla, Carbonel se refería a la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), cuyo presidente ha dirigido una carta al presidente del Supremo, Carlos Dívar, pidiéndole que el Alto Tribunal rechace la objeción de conciencia a EpC.

«Esta batalla está haciendo historia y supone un hito sin precedentes en España», añadió el representante de Profesionales por la Etica, quien destacó que los padres objetores, que han constituido 78 plataformas cívicas, son los verdaderos protagonistas de un movimiento cívico sin precedentes en España.

Varias organizaciones que asesoran a los padres objetores a las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC) manifestaron hoy que, si el Tribunal Supremo (TS) no reconoce la legitimidad de su rechazo a esas materias por razón de conciencia, recurrirán al Tribunal Constitucional (TC), al que pedirán, además, que de forma cautelar permita a los alumnos que no desean cursar la asignatura no asistir a clase hasta que dicte sentencia.

Los portavoces del movimiento objetor han reiterado que «esta batalla no lo es de la Iglesia católica, sino de la ciudadanía, que se defiende ante los excesos de un Estado que ejerce una intromisión en el ámbito estrictamente privado de la conciencia moral».

El acto había sido convocado ante la proximidad de la reunión del pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, el próximo 26 de enero, para resolver los primeros recursos de casación presentados ante el Alto Tribunal contra varias sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de Andalucía y de Asturias.

Al fallar estos procedimientos, el Alto Tribunal unificará doctrina para todos los tribunales y administraciones de justicia de España sobre si deben o no amparar la objeción y, posiblemente, también sobre la adecuación o no a Derecho de los currículos de las materias de EpC: Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (que la LOE incluye como disciplina a estudiar en un curso del último ciclo de Primaria y en 1.º, en 2.º ó en 3.º de la ESO), Educación Ético-Cívica (que se estudia en 4.º de la ESO) y Filosofía y Ciudadanía (asignatura obligatoria en 1.º de Bachillerato).

Confianza en la independencia del TS

«Tenemos una absoluta confianza en lo que pueda dictar el Tribunal Supremo y esperamos con ansia ese pronunciamiento, que estamos seguros de que va a ser comprometido con la libertad y los derechos constitucionales como los que nosotros defendemos», ha indicado el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco.

Blanco ha añadido que, si la sentencia no reconociera la legitimidad de la objeción a EpC, los objetores presentarían «incidente de nulidad» ante el propio Supremo, y posteriormente recurrirían al Constitucional e incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si ello fuera necesario.

El presidente del FEF ha asegurado que el TS va a «unificar y establecer doctrina» jurídica sobre si existe o no un derecho de los padres a ejercer la objeción de conciencia para defender su derecho constitucional a la libertad ideológica y religiosa y a educar a los hijos conforme a sus convicciones. Ha insistido, así mismo, en que los padres objetores y las asociaciones que los defienden no son rebeldes ni insumisos, sino ciudadanos conscientes de que pueden ir a los tribunales si ven «pisoteados sus derechos por la Administración».

El reconocimiento por los tribunales de los derechos constitucionales de los ciudadanos no socava el Estado de Derecho, sino que lo refuerza y «quien tiene miedo a que los ciudadanos ejerzan sus derechos tiene miedo a la libertad», ha apostillado.

Más allá de lo que decida el Supremo, Blanco indicó que sería bueno que el Gobierno manifieste «un poco de sensatez» y «rectifique» para suprimir la asignatura o rediseñarla «de acuerdo con los padres de familia». Por otra parte, denunció la soledad en que todos los partidos políticos, sin excepción alguna, han dejado a los padres objetores y a sus hijos.

En la misma línea, el presidente de la Fundación San Pablo-CEU, Alfredo Dagnino, señaló que los padres y las asociaciones que los respaldan «confían» en la Justicia y «acatarán» la sentencia del Supremo. No obstante, advirtió de que seguirán su «batalla cívica, no sólo jurídica sino también cultural, gracias al compromiso decidido de los padres». Recordó, además, que este colectivo ha optado «de forma legítima» por el derecho a la objeción de conciencia, que ha sido reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y cuyo ejercicio «no exige un reconocimiento específico».

Denuncian presiones al Alto Tribunal.

Por su parte, el presidente de la CONCAPA, Luis Carbonel, denunció la campaña, «orquestada por alguna asociación de padres y por el Gobierno», cuyo objetivo es «intentar infundir miedo y presionar al Tribunal Supremo para que dicte una sentencia en contra de los objetores». «Esta actuación roza casi lo delictivo», subrayó Carbonel, quien seguidamente reclamó «respeto» a los magistrados del Supremo, para posibilitar que «trabajen sin ningún tipo de coacción». Sin citarla, Carbonel se refería a la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), cuyo presidente ha dirigido una carta al presidente del Supremo, Carlos Dívar, pidiéndole que el Alto Tribunal rechace la objeción de conciencia a EpC.

También intervino Fabián Fernández de Alarcón, secretario general de Profesionales por la Ética (PPE). Desde hace dos años, esta asociación ha informado y asesorado a padres y plataformas objetoras sobre la posibilidad de objetar a las materias de EpC.

Fernández de Alarcón recordó que ya se han tramitado ante las administraciones educativas de toda España más de 50.000 declaraciones de objeción. Así mismo, resaltó que las familias objetoras han planteado 17.000 recursos judiciales ante los tribunales de las comunidades autónomas y que éstos han emitido hasta la fecha más de 270 resoluciones (entre autos de medidas cautelares y sentencias) «que amparan esta iniciativa».

«Esta batalla está haciendo historia y supone un hito sin precedentes en España», añadió el representante de PPE, quien destacó que los padres objetores, que han constituido 78 plataformas cívicas, son los verdaderos protagonistas de un movimiento cívico sin precedentes en España.

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