(J. V. Echagüe).- La batalla planteada por los padres objetores a la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) abre ahora un segundo frente. El Supremo admitió ayer a trámite el recurso de unos padres andaluces que contó con el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en abril de 2008. El Alto Tribunal ya no tendrá que decidir sobre la mera asistencia o no a clase: ahora tendrá que pronunciarse sobre la legalidad o no del currículo de una asignatura que los objetores creen que «vulnera derechos fundamentales» de los alumnos, «recogidos en nuestra Constitución» y sobre la que el TSJA afirmó existen motivos para declarar ilegal la asignatura»,
Según el TSJA, comenta Carlos Seco, abogado de los padres, la Administración ha asumido criterios ideológicos o dogmáticos con los que evaluar la conducta de los ciudadanos. De hecho, el TSJA sostiene en sentencia de 30 de Abril «que esta asignatura examina si el alumno asume como propia determinada ideología»
El 28 de enero, el Supremo rechazó la posibilidad de objetar contra la asignatura. Eso sí, las asociaciones puntualizan que el fallo se limita a cuatro sentencias (una en Andalucía y tres en Asturias). Todavía quedan muchas por dilucidar, afirman. Y mientras, no cesan las medidas cautelares: ayer, un auto eximió a dos alumnas toledanas de cursar EpC. El recurso que ayer llegó al Supremo tiene su origen en agosto de 2007. Entonces, un grupo de padres sevillanos presentaron un escrito ante el TSJ de Andalucía en el que pedían «la eliminación de los contenidos de EpC en los cursos de primaria y secundaria».
«El 30 de abril, el Tribunal afirmó que existían motivos para declarar ilegal la asignatura», comenta a este diario Carlos Seco, abogado de los padres. «Según el TSJA, la Administración ha asumido criterios ideológicos o dogmáticos con los que evaluar la conducta de los ciudadanos. De hecho, el TSJA sostenía «que esta asignatura examina si el alumno asume como propia determinada ideología», continúa el letrado. «Precisamente por esto nos empezamos a movilizar los padres: ahora se va a entrar a fondo en el contenido del currículo nacional, su criterio de evaluación y sus objetivos», comenta Miguel Gómez de Agüero, uno de los progenitores sevillanos.
Esta «imposición» se resume en tres aspectos del temario que «no responden a criterios objetivos»: la ideología de género («que no igualdad de género, algo que apoyamos», apunta Seco), el positivismo jurídico («sólo es moralmente bueno lo que aprueban las Cortes Generales, como la despenalización del aborto», prosigue) y el relativismo moral.
Contrario a la decisión del TSJA, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, afirmó ayer estar «dispuesto al diálogo» con los padres. «Es la tercera vez que lo escucho», responde el letrado. «Sin embargo, desde la Consejería de Educación me dijeron que ¿con los objetores no había nada de qué hablar¿». «Se abre una nueva expectativa», asegura Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética. «Ahora veremos si los contenidos de la asignatura se ajustan a la Constitución». Con todo, Urcelay asegura que «los padres deben esperar una larga batalla»
