El Gobierno Zapatero no ha dejado de esgrimir en este tiempo al Ministerio de igualdad como el símbolo inobjetable de su vinculación con una causa necesaria
Las políticas de igualdad han sido una prioridad máxima del Gobierno socialista en sus seis años de mandato y un eje fundamental de buena parte de sus medidas sociales.
La creación del Ministerio de Igualdad supuso precisamente la materialización de esa voluntad del Ejecutivo de corregir un desequilibrio tan gravoso para el país.
Sin embargo, a pesar de ser positivo el mensaje de la Administración en cuanto a la mentalización colectiva sobre un problema que afecta a miles de mujeres, y pese a los loables progresos en esta materia, hemos entendido desde siempre que la igualdad era más un instrumento propagandístico al servicio de una fabulosa operación de márketing político del PSOE que un compromiso real para construir una sociedad más justa.
El Gobierno Zapatero no ha dejado de esgrimir en este tiempo al Ministerio de igualdad como el símbolo inobjetable de su vinculación con una causa necesaria. Pero, ¿y los resultados?
Con o sin Ministerio, ¿España es hoy un país que puede presumir en este campo? Las respuestas han partido de la propia Comisión Europea.
España está muy lejos de aprobar la asignatura de la Igualdad. Según el Eurobarómetro, el 71% de los españoles opina que las diferencias de género están extendidas, lo que nos coloca como el segundo Estado miembro con mayor percepción de la desigualdad, sólo por detrás de Francia.
La media europea se queda en el 62% de la ciudadanía.
¿Cómo explicar la paradoja de que una gestión política que supuestamente se vuelca en combatir la discriminación en todos los ámbitos de la vida dé como resultado el segundo país europeo con mayor percepción de la desigualdad?
La respuesta sólo puede ser que las políticas desarrolladas por el Ministerio han sido puro maquillaje al servicio de un sectarismo ideológico, con tintes incluso revanchistas.
Una labor ministerial que ha permitido que las mujeres sigan cobrando menos que los hombres por el mismo trabajo, que desempeñen menos puestos de alta responsabilidad que los hombres, que tengan importantes dificultades para conciliar la vida laboral y familiar o que aumente el maltrato psicológico, coercitivo y constante tanto en el hogar, como en el trabajo («mobbing»), o en el colegio («bullyng»), sólo puede ser calificada de fracaso.
Por no hablar, obviamente, de las alarmantes cifras de violencia de género, que se mantienen inalterables. Resulta significativo también que el principal proyecto del Ministerio de Bibiana Aído, un departamento, por lo demás, con menguante presupuesto y confusas competencias, el que ha justificado su razón de ser para la izquierda española, haya sido la nueva Ley del Aborto.
La realidad es que, seis años después de presuntas políticas de progreso social, la sociedad española padece un reconocible déficit en igualdad. Como acertadamente precisó la vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, «un Ministerio no soluciona los problemas». España es la prueba palpable de ello.
Las políticas eficientes contra las diferencias de género no pueden cimentarse en las cuotas o en los ministerios, sino en intensas políticas de educación y de concienciación, de trabajo con las empresas para estimular una autorregulación y, en último extremo, de sanciones contra situaciones de abuso.
Más iniciativas eficaces y discretas y menos circo al servicio de una determinada opción política.
