El Gobierno tiene ya ultimado el anteproyecto de Ley de Libertad Religiosa y espera a que haya un «momento oportuno» para poder aprobarlo y remitirlo al Congreso, previsiblemente antes del verano, han informado fuentes del Ejecutivo.
Esta ley es uno de los compromisos del Gobierno para esta legislatura y tiene como fin reformar la norma vigente desde 1980 para adecuarla a las nuevas circunstancias y al pluralismo religioso que hay en España.
El texto que aprobará el Ejecutivo «marcará las líneas del estado laico y el papel que le corresponde a los poderes públicos» en su relación con las distintas confesiones, según las fuentes.
La intención de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, encargada de impulsar la reforma de la ley en coordinación con el Ministerio de Justicia, es que el Consejo de Ministros le dé luz verde antes de julio, aunque no se descarta prorrogar el plazo «algún mes más».
La nueva norma establecerá garantías para la libertad de conciencia y actualizará los acuerdos vigentes entre el Estado y otras confesiones religiosas, como el Concordato de 1979 que regula las relaciones con la Santa Sede.
También incorporará la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de los últimos años y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El Tribunal de Estrasburgo, en una sentencia dictada el pasado 3 de noviembre, concluyó que la presencia de crucifijos en las aulas de los colegios públicos vulnera la Convención Europea de Derechos Humanos al restringir el derecho de los padres a educar a sus hijos en un marco de libertad confesional que fija la Constitución.
Además de regular la presencia de simbología religiosa en los espacios públicos, la nueva ley definirá los derechos de los practicantes de otras confesiones, como musulmanes y judíos, para quienes sus días festivos son el viernes y el sábado, respectivamente.
También definirá las festividades religiosas y reforzará el papel de los líderes de las distintas confesiones «en la promoción de la cultura de la paz y la cohesión social», según las fuentes.
No está previsto que la ley regule comportamientos sociales relacionados con la religión, como el uso del velo islámico.
El Ejecutivo es partidario de respetar «el derecho de cada persona a vestir como quiera, respetando los criterios de seguridad», y de anteponer el derecho a la escolarización de las estudiantes que lleven esta prenda.
Lo conveniente, añaden las fuentes, sería hacer una reflexión para fijar «posiciones conjuntas» en el ámbito de la UE, en lugar de que «cada país tome sus propias decisiones», como ha sido el caso de Francia, que se ha inclinado por la prohibición del velo integral o «burka».
La reforma de la actual normativa fue el primer compromiso en materia legislativa que De la Vega adquirió en mayo de 2008, al comienzo del segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.
La Conferencia Episcopal Española, que preside el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, ha expresado sus recelos sobre las intenciones que pueda tener el Gobierno en relación con esta reforma.
De cumplirse el calendario previsto, el proyecto de ley estaría aprobado cuando el Papa Benedicto XVI visite Santiago de Compostela y Barcelona los próximos 6 y 7 de noviembre.
En paralelo a los cambios en la ley, el Gobierno sigue trabajando para conocer la realidad confesional de España a través de la elaboración de «mapas de lugares de culto» que describan el peso que las distintas religiones tienen en cada Comunidad Autónoma.
También se pretende editar este verano un «manual de buenas prácticas» para facilitar la comprensión de los hábitos de las religiones no mayoritarias, apuntan las fuentes.
Las confesiones que cuentan con el reconocimiento de «notorio arraigo» en España son las de los cristianos, musulmanes, judíos, evangélicos, budistas, ortodoxos, mormones y testigos de Jehová.
