El dictamen del proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado salió adelante hoy en la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid, con los votos a favor de diez diputados del PP y el rechazo de ocho del PSM e IU.
El diputado del PP Juan Soler expresó su apoyo a este proyecto elaborado por el Gobierno de Esperanza Aguirre y aseguró que la oposición se equivoca al no sumarse a esta iniciativa, que, dijo, cuenta con el respaldo de la comunidad educativa.
Consideró que este proyecto de ley es un �acierto� y justificó el rechazo a las enmiendas de la oposición, porque �realmente son una ley b, de mediación en conflictos�.
La diputada de IU Eulalia Vaquero defendió las 18 enmiendas presentadas por la coalición, dijo que les preocupa la convivencia en la escuela pública y señaló que la solución no pasa por decretos, sino por pactos en la comunidad educativa de cada centro escolar.
Vaquero dijo que el Gobierno ha optado, a la hora de resolver los problemas de convivencia escolar, �por lo más fácil, una ley intrascendente. Han vendido humo y detrás de este proyecto sólo hay autobombo, poca consistencia y ninguna medida eficaz�.
LEY PLACEBO
La diputada socialista Fátima Peinado defendió las ocho enmiendas parciales del PSM y dijo que este proyecto es un �cordial paripé�. Asimismo, pidió al Gobierno regional que prestigie la labor del profesorado �no sólo desde la palabra, sino apoyando a los enseñantes».
Peinado dijo que este proyecto de ley fue presentado por Aguirre al calor de sucesos como los intentos de agresión de un padre a la directora de un colegio.
�Es una ley placebo y traerá problemas por su inaplicabilidad a efectos jurídicos�, opinó Peinado, quien destacó que la Comunidad de Madrid no tiene competencias para considerar autoridad a los profesores de la educación concertada.
En el dictamen de este proyecto de ley, que será debatido y aprobado en el pleno del 10 de junio, se explica que tiene por objetivo �reconocer y reforzar la autoridad del profesorado y fomentar la consideración y el respeto que le son debidos en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, con el fin de mejorar la calidad del sistema educativo y garantizar el derecho a la educación�. Será de aplicación en todos los centros educativos de la Comunidad: públicos, concertados y privados.
Asimismo, según el dictamen aprobado, los directores y demás miembros del equipo directivo, así como los profesores, tendrán en el ejercicio de las potestades de gobierno, docentes y disciplinarias que tengan atribuidas la condición de autoridad pública, y gozarán de la protección reconocida a tal condición por el ordenamiento jurídico.