El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha subrayado hoy la oportunidad de actualizar la normativa que regula la concesión de los conciertos educativos y la necesidad de que los colegios concertados asuman, como los centros públicos, «derechos y obligaciones».
El ministro ha rechazado que el real decreto que prepara el Gobierno en este sentido trate de «endurecer» las condiciones para que los colegios accedan a los conciertos, y ha precisado que sí pretende clarificar cuáles son esos derechos y esas obligaciones con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades en todos los colegios sostenidos con fondos públicos (públicos y concertados)
Gabilondo ha hecho estas consideraciones en declaraciones a los periodistas antes de presidir una reunión ordinaria del Consejo de Universidades.
Precisamente hoy, el Consejo Escolar del Estado analiza el decreto que prepara el Ejecutivo para actualizar los conciertos educativos.
El titular de Educación ha recordado que ese reglamento tiene 25 años, y que durante este periodo han ocurrido muchas cosas que justifican una actualización del mismo, entre las que ha citado las transferencias educativas a las comunidades autónomas o la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Educación (LOE).
Gabilondo ha adelantado que uno de los objetivos del decreto es incrementar los fondos públicos que reciben los colegios concertados en función del número de alumnos que tengan con necesidades escolares específicas (por ejemplo alumnos con alguna discapacidad o inmigrantes).
Según el ministro de Educación, en la actualidad se está produciendo un hecho «que no nos gusta»: que la mayoría de las personas que tienen alguna discapacidad, o necesidades escolares especiales, están en centros públicos.
«Yo soy partidario de que los centros sean plurales, abiertos e inclusivos», ha señalado el ministro, y ha incidido en que la educación «inclusiva» debe ser una seña de identidad de todos los centros financiados con fondos públicos, y no sólo de los colegios públicos.
El borrador elaborado por el Gobierno planea dejar en manos de las administraciones educativas la duración de los conciertos con centros privados de enseñanza, que en ningún caso superarán los seis años y podrán renovarse por períodos iguales o superiores (la norma actual establece la duración ordinaria de los conciertos en cuatro años, renovables por el mismo tiempo).
En consonancia con la Ley Orgánica de Educación (LOE), de 2006, la propuesta presentada por el Ministerio de Educación al sector confiere preferencia de suscripción de conciertos a los centros que escolaricen alumnos de condiciones económicas «desfavorables» o que apliquen experiencias de interés pedagógico.
Las administraciones podrán incrementar los módulos para los centros privados concertados que matriculen estudiantes con necesidad específica de apoyo educativo.
La norma, que podrá ser desarrollada por las comunidades autónomas, compromete a éstas a dotar a los centros de los recursos necesarios para hacer posible la gratuidad de las enseñanzas objeto de concierto (segundo ciclo de infantil, primaria y ESO).
