La Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana son las únicas regiones que han aprobado ya una ley para otorgar al profesorado la condición de ‘autoridad pública’. A ellas se suman ahora las iniciativas de La Rioja, Extremadura y Galicia que se encuentran en distintas fases de tramitación, según los datos recopilados por Europa Press.
Cataluña, por su parte, modificó hace unos meses el rango de los directores de colegio, que pasaron a ser ‘autoridad pública’, en virtud del nuevo decreto de dirección de centros que contempla la Ley de Educación de esta comunidad (LEC).
Con este decreto, los directores pasan a ser jefes de personal y tienen la competencia de sancionar a los profesores. Sin embargo, los sindicatos han recurrido esta normativa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que lo ha admitido a trámite.
Mientras en La Rioja el proyecto de ley están en fase de tramitación parlamentaria, tras ser aprobado por el Ejecutivo autonómico, en Extremadura, los dos grandes partidos (PSOE y PP) han acordado incluirla en su próxima Ley de Educación, que se encuentra también en el parlamento extremeño.
El acuerdo contempla reconocer esta autoridad con los efectos que le otorga el ordenamiento jurídico, de modo que los hechos que constaten los docentes en el ejercicio de sus competencias disciplinarias gozarán de presunción de veracidad.
El Gobierno gallego se ha sumado a esta corriente y este martes ha presentado el borrador del anteproyecto de Ley de convivencia y participación de la comunidad escolar, que regula, entre otros asuntos, la condición de ‘autoridad pública’ la presunción de veracidad «para el mantenimiento de la disciplina».
Desde la Consejería de Educación de Murcia han explicado a Europa Press que actualmente se está negociando un convenio con el Ministerio Fiscal, para desarrollar un protocolo de actuación ante casos de agresiones a funcionarios, similar al que ya se acordó con la Consejería de Sanidad. De esta manera, cuando haya una denuncia por agresión a un docente se tramitará «de forma rápida y eficaz».
En Andalucía no se ha aprobado ningún decreto o ley que haga mención específica a la ‘autoridad pública’ del profesorado. Sin embargo, sí que se han puesto en marcha medidas para que a los profesores, en el ejercicio de sus funciones, se les considere como ‘autoridad magistral y académica’.
Esta definición se ha incluido en los llamados Reglamentos de Organización de Centros, que se aprobaron el pasado verano y que han entrado en vigor este curso 2010-2011. En esta comunidad ya han llegado casos de agresiones a profesores a los tribunales que los han considerado ‘atentados a la autoridad’.
Además, al igual que en Murcia, la Consejería de Educación andaluza ha firmado un acuerdo marco de colaboración con la Fiscalía para coordinar actuaciones en esta materia, como promover la protección de la integridad física del profesorado, evitar fraudes en la escolarización, eliminar el absentismo escolar y fomentar la seguridad vial.
LOS PROFESORES QUIEREN UNA LEY ESTATAL
Desde el sindicato de profesores ANPE, que promueve una ley estatal de autoridad pública del profesorado, han celebrado la presentación del borrados gallego, al tiempo que prevén que en 2011 más comunidades autónomas aprueben iniciativas similares.
«Es una buena noticia porque consideramos que el reconocimiento de la autoridad el profesor es imparable, y creemos que todas las comunidades van a legislar algo en este sentido», ha afirmado una portavoz a Europa Press.
Asimismo, ha indicado que se trata de una cuestión de «sentido común» porque, a su juicio, se trata de una herramienta básica en la relación educativa, «que no tiene que ver con lo policial o lo autoritario».
