El PCE presentará este viernes una denuncia ante la Fiscalía contra el Diccionario Biográfico elaborado por la Real Academia de la Historia por entender que puede contener «apología de la dictadura franquista, al enardecer a personajes claves en este régimen».
La secretaria de Memoria Histórica del PCE, Gloria Aguilar, quien considera que el texto contraviene la Ley de Memoria Histórica y que «está más que justificado» que la Fiscalía intervenga, ha explicado en declaraciones a Europa Press que están ultimando la denuncia, que será presentada «a lo largo del día» de mañana.
Según un comunicado de la organización, su secretario general, José Luis Centella, ha constatado que no se trata de una «anécdota de mal gusto», sino de «un intento de revisar la historia para recuperar una interpretación de la misma claramente exculpatoria hacia los verdugos e incriminadora hacia las víctimas».
Así, ha criticado el texto por enaltecer a Francisco Franco, a Carrero Blanco y a Alonso Camilo, y «descalificar» a Juan Negrín, entre otros, al igual que por aplicar el término «bandoleros» a los guerrilleros republicanos, «que trataron de seguir en España el ejemplo de la resistencia europea frente al nazismo y el fascismo».
Además, ha valorado como «especialmente grave» el hecho de que la publicación objeto de la denuncia esté avalada por «una institución que trata de presentarse como referente del estudio de nuestra historia», al tiempo que ha advertido de que los futuros historiadores que utilicen el diccionario encontrarán «una historia manipulada al servicio de los herederos políticos e ideológicos de la dictadura».
EXIGE RESPONSABILIDADES AL GOBIERNO
Por todo ello, el PCE ha rechazado «cruzarse de brazos y buscar excusas para mirar hacia otro lado», e instado a «actuar, pedir responsabilidades y eliminar de la edición todo lo que pueda ser apológica de la dictadura o de sus dirigentes y poner en el lugar que le corresponde a los representantes de la legitimidad republicana».
En este sentido, el PCE ha considerado que el Gobierno también debería asumir responsabilidades por haber subvencionado con casi 6 millones de euros un trabajo sobre el que «no ha realizado ningún seguimiento, ni siquiera ha comprobado el resultado final». «No se trata de efectuar censuras previas, sino de comprobar que el dinero público no se utiliza para manipular nuestra historia», ha apostillado.
