Lo normal es que una familia, mientras tenga posibilidades, mantenga la tumba de su familiar
El futuro del Valle de los Caídos es una incógnita y lo seguirá siendo hasta después de las elecciones del 20-N. La comisión de historiadores y juristas impulsada por el Gobierno para decidir qué se hace con el lugar no emitirá su dictamen hasta después de los comicios, según cuenta el diario El País.
Sin embargo, El Periódico de Catalunya adelanta adelanta en su edición de este lunes que dicha comisión plantea la exhumación de los restos de Francisco Franco.
Aunque la decisión no es definitiva, el Gobierno socialista siempre dijo que si los expertos recomendaban trasladar el cadáver del dictador, así lo haría. El objetivo de esta acción sería que el mausoleo se convierta en un monumento que invite a la reconciliación.
La noticia de El Periódico ha levantado mucha polvareda. En declaraciones a la agencia Servimedia, el vicepresidente de la Fundación Francisco Franco, Jaime Alonso, dijo que la familia Franco «no va a consentir» la exhumación del dictador, «ni que se juegue con la vida de los muertos para hacer la memoria histórica de sólo una parte».
Según Alonso, el Gobierno «no tiene ninguna legitimación sobre el lugar ni sobre las personas enterradas».
El representante de la Fundación negó también toda autoridad a los expertos que ha nombrado el Gobierno: considera que la decisión final tendría que contar con el visto bueno de la Iglesia y de la Abadía y que no se ajusta al Código Civil.
En su opinión, todo forma parte del interés del Gobierno en «convertir la campaña electoral en un enfrentamiento civil».
«La historia hay que aceptarla y Zapatero no va a ganar la batalla del Ebro ni va a cambiar 40 años de historia», dijo Jaime Alonso.
A su modo de ver, a partir de 1975 «se empieza a hacer historiografía política y se trata de borrar una parte de la historia presentando a la República como una democracia idílica».
Los gobernantes actúan como talibanes» cambiando el nomenclátor para poner a las calles los nombres de los suyos», concluyó Alonso.
«Decisión política»
En la orilla opuesta, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, celebró -también en declaraciones a Servimedia- la posible decisión de trasladar los restos de Franco al cementerio donde esta enterrada su mujer, Carmen Polo.
«Lo que no puede ser es que una democracia sostenga con fondos públicos monumentos dedicados a un dictador, y que las víctimas del dictador tengan que pagarlo con sus impuestos».
«Lo normal es que una familia, mientras tenga posibilidades, mantenga la tumba de su familiar».
Silva reprochó al Gobierno que haya delegado en una comisión algo que «tenía que haber hecho directamente», y que haya decidido no asumir la responsabilidad y el esfuerzo económico de hacer una investigación del estado de los restos de los represaliados republicanos, para sopesar su traslado a cementerios civiles junto a sus familias.
A su juicio, el informe que dictamina la inviabilidad del intento «no es suficientemente contundente» y, según los forenses a los que él ha consultado, «técnicamente se podría hacer algo». Por tanto, la renuncia a explorar esta vía sería «una decisión política» que ha querido adoptar el Ejecutivo.
Entre esas dos orillas se mueven algunos políticos, por ejemplo el secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. El expresidente de Extremadura considera que exhumar los restos de Francisco Franco sería una decisión que podría abrir «un abismo entre las dos Españas», un hecho que, advirtió, «no» se puede producir «en estos momentos».
En una entrevista en Los Desayunos de TVE, Fernández Vara subrayó que su postura es la de «dejar a los muertos tranquilos» y «en paz», al tiempo que apuesta porque, en el ámbito de la memoria histórica, se busquen los restos de los que murieron por defender sus ideas» con el fin de «normalizar la vida» y la «convivencia».
