El Gobierno está decidido a continuar con su campaña revisionista de la historia de España hasta el último día, sin que el coste económico que tiene para las arcas públicas le suponga obstáculo alguno.
La semana pasada el Ejecutivo dio la orden de retirar de la fachada del Ministerio de Economía y Hacienda, situado en la madrileña calle de Alcalá, dos escudos que llevaban décadas adornando el edificio y cuya eliminación costó un total de 36.000 euros, 18.000 por cada uno.
Los emblemas eran vestigios del franquismo y los socialistas no estaban dispuestos a abandonar el poder sin zanjar otra de las cuentas que consideraban pendientes.
Esta operación se produjo sólo unos días antes de que los expertos nombrados por el Gobierno presentaran un informe recomendando sacar los restos mortales de Franco del Valle de los Caídos, donde permanece enterrado desde 1975. Esa fue la última muestra de las evidentes prisas que tiene el Ejecutivo por terminar, pese a encontrarse en funciones desde el día 22 de noviembre, lo que empezó ya en su primera legislatura con la aprobación de la polémica Ley de Memoria Histórica.
Costosa operación
En concreto, los operarios retiraron el escudo que se encontraba en el lado izquierdo del edificio, el que da a la calle Pasaje de la Caja de Ahorros, y otro que se encontraba en la parte trasera, en la calle Aduana.
Lo aparatoso de la operación hizo que su coste fuera tan elevado y que incluso se hiciera necesaria la colocación de sendos andamios de grandes proporciones junto al edificio -como muestra la fotografía que acompaña a la noticia- para que los operarios pudieran cumplir las órdenes del Gobierno.
Esas plataformas continúan todavía montadas y a la vista de cualquiera. La operación cumple así con los preceptos establecidos en la Ley de Memoria Histórica, aprobada en octubre de 2007 por el Congreso de los Diputados.
Según la norma auspiciada por el Gabinete de Zapatero, todos los «escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas» del franquismo deben «ser retirados de los edificios y espacios públicos».
El Ejecutivo no consideró que los escudos del Ministerio de Economía pudieran entrar dentro de las excepciones que la propia ley recoge y según la cual no se retirarán los símbolos cuando «concurran razones artísticas, arquitectónicas, o artístico-religiosas».
