El CERMI denuncia casos de discriminación en colegios adscritos al Ministerio de Educación en Lisboa y París

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha denunciado en una carta a la nueva secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio, que se dan varios casos de presunta discriminación en colegios españoles adscritos a su ministerio en Lisboa y París, que niegan plazas a menores con discapacidad alegando que no tienen medios adecuados para atenderles.

Según esta organización, denegar una plaza en dichos colegios por razón de discapacidad, poniendo como excusa la falta de recursos para atender sus necesidades, «vulnera su derecho de educación inclusiva en igualdad de oportunidades».

Por ello, advierte de que promoverá las acciones judiciales oportunas, bajo el prisma de la LIONDAU, para conseguir la protección y reconocimiento de los derechos de los menores afectados y, en su caso, sancionar la conducta discriminatoria.

El Cermi recuerda que la legislación española reconoce y protege el derecho de no discriminación e igualdad de oportunidades de los niños y niñas con discapacidad. Para el Comité, este derecho lleva implícito la adopción de medidas de apoyo de diferente naturaleza que permiten alcanzar una igualdad material, tal y como promulga nuestro ordenamiento jurídico y nuestro Tribunal Constitucional.

En cuanto al derecho de educación inclusiva, el Cermi explica que está reconocido en la Convención de la ONU y en la Constitución Española, y que la Ley de Educación dispone en uno de sus artículos de la obligación de adaptación de las enseñanzas al alumnado con necesidades específicas educativas de apoyo y, cuando la diversidad lo requiera, se acordarán medidas organizativas y curriculares pertinentes.

«Los recursos son siempre escasos y estamos obligados a hacer una gestión eficiente y eficaz de los mismos, pero nuestras leyes prohíben la discriminación por razón de discapacidad y cualquier decisión que vulnere un derecho fundamental por esta razón es ilegal y, por tanto, nula de pleno derecho», señala el CERMI.

Por este motivo, indica que «no parece legítimo» denegar el acceso al colegio por falta de recursos, más aún cuando la alternativa educativa en estos casos «no existe» y «se podría también vulnerar» el derecho de educación reconocido por el Estatuto de Ciudadanía Española en el exterior.

Desde el CERMI, piden al Ministerio de Educación que adopte en esta Legislatura una posición «respetuosa» con los derechos de las personas con discapacidad que cursan estudios en colegios situados en el extranjero.

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Autor

Irene Ramirez

Irene Ramirez. Responsable de campañas en Grand Step. Fue redactora de Periodista Digital entre 2012 y 2013.

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