La duda es si han si clamor de la calle, la unidad de la comunidad educativa y la estricta soledad del Partido Popular lo que ha dejado la tramitación de la reforma educativa en suspenso o si en realidad faltan unos ajustes económicos y eso es lo que ha forzado el retraso.
Desde el Ministerio de Educación insisten en que se trata de los segundo y que en una semana, cuando se celebré el próximo Consejo de Ministro, la LOMCE saldrá adelante, pero hay bastante confusión.
Y no por culpa del ministro Wert, que sigue a lo suyo, sino del Gobierno Rajoy en su conjunto, que sigue a paso lento, no parece tener nada claro y tarda más de lo conveniente en aprobar la mínima nimiedad.
El Gobierno no dará luz verde este viernes 10 de mayo de 2013 al proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) alegando que faltan por cerrar aspectos de la memoria económica que acompaña a la ley.
La justificación suena razonable, pero se produce tan solo unas horas después de las multitudinarias manifestaciones contra el texto del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert.
LOS ARGUMENTOS DE LA CAMISETA VERDE
La conocida como ‘ley Wert’ ha levantado fuertes críticas desde ámbitos de la comunidad educativa que, este jueves, se ha vuelto a manifestar en las calles de las principales ciudades españolas como cierre a una huelga convocada en la educación y que ha contado con el apoyo de las principales organizaciones sindicales, así como asociaciones de padres y alumnos.
Al no llevarse al Consejo de Ministros, el texto no se remitirá al Congreso de los Diputados, iniciándose así la andadura parlamentaria de la que se convertirá, previsiblemente, en la séptima norma de este tipo en 37 años de democracia.
APROBADA EN OTOÑO
El objetivo del Gobierno es que la ley esté aprobada «en otoño» a fin de que se pueda cumplir el preceptivo plazo de diez meses para la adaptación curricular y la LOMCE pueda estar de facto en las aulas en el curso 2014/2015, es decir, dos años después de su presentación.
La LOMCE salió del Congreso como anteproyecto el pasado 21 de septiembre. Desde entonces, el impulsor de la norma, el ministro José Ignacio Wert, se ha reunido con la mesa sectorial de Educación (sindicatos) y con las comunidades autónomas, y ha sometido la iniciativa al dictamen del Consejo Escolar y del Consejo de Estado.
Este último órgano consultivo ha sido el promotor de las que probablemente serán las últimas modificaciones que Wert realice en el texto que viajará al Congreso, ya que recomendó buscar fórmulas distintas a las previstas en la ley para garantizar tanto la educación vehicular en castellano en Cataluña como la igualdad de los niños y niñas que son escolarizados por separado y el Ministerio mostró su disposición a atender la sugerencia.
El anteproyecto preveía sobre el primer asunto, que las comunidades tengan que apoyar económicamente a los centros que oferten educación en castellano y, sobre el segundo, garantizar por ley el derecho a acceder a conciertos educativos de los centros de educación diferenciada.
«Se va a iniciar un proceso de reflexión para valorar si se aplica ésta u otras medidas más oportunas», señaló la secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio, tras conocer el dictamen.
RELIGIÓN
Otro aspecto sobre el que podrían introducirse cambios de cara al Consejo de Ministros es en el diseño de la asignatura que se oferta como alternativa a Religión, ya que a juicio del Consejo de Estado puede ser discriminatorio tener que elegir una u otra, asunto sobre el que Gomendio se mostró dispuesta a trabajar.
No obstante, el actual anteproyecto también contempla la desaparición de la actual asignatura de Educación para la Ciudadanía, que el Consejo de Estado recomienda mantener, aunque no será escuchado en este sentido, tal y como concretó la propia Gomendio, porque, según dijo, se contempla una incorporación «transversal» del contenido de la materia.
Con todo, ya en este curso se imparte una EpC distinta de la prevista en la vigente Ley Orgánica de Educación pese a que el Tribunal Supremo dijo en diciembre que no veía en ella carácter adoctrinador.
Fue modificada por Real Decreto antes de que comenzara el curso, eliminando las referencias que incluía a los afectos y emociones, a las relaciones entre hombres y mujeres, los prejuicios sociales, racistas, xenófobos o sexistas, a la pobreza en el mundo, a la ‘feminización’ de la misma o a los nacionalismos excluyentes como problema actual, entre otros asuntos.
Estas no son las únicas novedades de la LOMCE, una norma que si bien fue planteada, en palabras de Wert, con «vocación de consenso», cuenta con la oposición de gran parte de la comunidad educativa.
De hecho, ha convocado una huelga en su contra el día antes de que el Consejo de Ministros refrende el proyecto.
Esta falta de acuerdo, señalada también por el Consejo Escolar y el Consejo de Estado, viene generando protestas, encierros y manifestaciones desde que se dio a conocer el contenido de la que llaman «contrarreforma» educativa.
