Los directores de los 25 centros educativos públicos de Ceuta

Centros públicos de Ceuta acusan a Wert de «perjudicar con burocracia inútil» la calidad de la Educación en la ciudad

La causa inmediata de la protesta docente es la "multiplicación exponencial" de las tareas administrativas encomendadas a maestros y profesores

Centros públicos de Ceuta acusan a Wert de "perjudicar con burocracia inútil" la calidad de la Educación en la ciudad
Ministro José Ignacio Wert

Los directores de los 25 centros educativos públicos de Ceuta –17 colegios de Infantil y Primaria, seis institutos de Secundaria y dos de adultos– han respaldado con sus firmas un escrito dirigido al ministro de Educación, José Ignacio Wert, para pedirle que «deje trabajar» a los maestros y profesores de la ciudad autónoma, donde el Estado conserva estas competencias, y que corrija «el desenfocado funcionamiento de la Administración que dirige, que a nuestro juicio perjudica significativamente la calidad de la enseñanza».

«El aumento de los periodos de docencia directa en Secundaria, la supresión de las reducciones a los mayores de 55 años y, en especial, la no cobertura de bajas por enfermedad durante los diez primeros días lectivos, han estrechado muy considerablemente el margen de horario disponible para la realización de las tareas de carácter complementario», lamentan en la misiva, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Europa Press.

A esos «recortes» se han unido «las reducciones de plantillas y el incesante incremento de población escolar, a razón de unos 500 estudiantes más por curso, sin que este aumento se haya correspondido con una ampliación de la red de centros». Ello ha generado «un grado de masificación de las aulas insoportable sobre el que, a pesar de las reiteradas llamadas de atención realizadas, nada se ha hecho».

La causa inmediata de la protesta docente es la «multiplicación exponencial» de las tareas administrativas encomendadas a maestros y profesores, que añade «un mayor grado de dificultad a una realidad educativa ya de por sí extraordinariamente compleja».

La atención a las familias, el desarrollo de los programas educativos y, «sobre todo», los compromisos derivados de los Planes de Mejora, conllevan una carga de trabajo administrativa «que a duras penas se puede desarrollar en la jornada laboral del profesorado». «La conclusión de todo lo expuesto» es «que los claustros están trabajando bajo una enorme presión de efectos muy perniciosos en el ámbito pedagógico» y que los profesores «tienen la percepción de que tanto esfuerzo sólo sirve para rellenar las papeleras del Ministerio».

Colegios e institutos también critican que se está socavando «el principio de autonomía de los centros». «Por momentos tenemos la sensación de estar prácticamente intervenidos», aseguran los directores, que citan como ejemplo «la injerencia en la gestión económica de la Administración, que se extralimita de forma incomprensible en la aplicación de los mecanismos de fiscalización establecidos por la ley como si estuviéramos permanentemente bajo sospecha».

«NOS APARTAN DE NUESTRA FUNCIÓN ESENCIAL»

«El sistema educativo local está afectado de un conjunto de problemas crónicos, reiteradamente diagnosticados, que hacen muy compleja y difícil nuestra labor», concluye el texto, que también han respaldado todos los sindicatos representativos –FECCOO, FETE-UGT, ANPE y CSIF– convencidos de que «demasiados problemas e inconvenientes nos vemos obligados a afrontar en nuestro quehacer diario como para sufrir una presión tan absurda como estéril».

Según los docentes de Ceuta, región líder en fracaso y abandono escolar, «las consecuencias de todo lo que exponemos es que la Administración nos está obligando a apartarnos de nuestra función esencial, que es la atención al alumnado, para dedicar gran parte de nuestra jornada laboral a rellenar documentos irrelevantes que en nada inciden en los procesos de enseñanza aprendizaje».

«En ningún caso pretendemos esquivar las tareas administrativas», remacha la carta, que apuesta por su ejecución «de una manera ordenada» y «en los periodos previstos para ello» con el fin de que «no interrumpan ni interfieran en la actividad fundamental del profesorado, respetando la autonomía de los centros, sujetas al marco normativo vigente, y procurando que obedezcan a objetivos identificables».

 

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