La Federación de Enseñanza de CCOO-A ha presentado una veintena de medidas de «resistencia activa» contra la implantación en la comunidad autónoma andaluza de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), instando en este sentido a la Junta de Andalucía a «actuar en lo que pueda, que es mucho».
El secretario general de la Federación de Enseñanza, José Blanco, y el responsable de política educativa de la Federación, Patricio Pérez, han reivindicado al gobierno andaluz, así, que ponga en marchas varios decretos que posibiliten la reducción del impacto de la reforma educativa en Andalucía. «Es verdad que hay aspectos que no puede tocar, como los relativos a las asignaturas troncales, pero tiene mucho margen de actuación en otros como el del contenido de las reválidas, de la matriculación extraordinaria o evitar que la escolarización en un colegio u otro sea por demanda social», indican.
Ambos dirigentes han coincido en que «aunque la Lomce tiene los días contados, el daño que va a hacer costará décadas curarlo». Por otra parte, han advertido de la pérdida de empleo y del perjuicio que supone la norma para el personal, «ya que desvirtúa sus funciones y lo desprestigia», y ha pedido a la Junta que haga un mapa «racional» de los centros de Formación Profesional (FP), «porque este curso 42.000 escolares se han quedado fuera».
«Solo hace falta voluntad, porque la realidad es que la Junta está ahorrando en educación y aplicando recortes sin pudor», indican Blanco y Pérez, que han urgido a la Junta a sacar un decreto para que la escolarización en un centro u otro no se haga por demanda social y otro para que defina qué es la matriculación extraordinaria. «También puede regularizar que las dos horas y media de ampliación que se le ha hecho al profesorado se destine a clases de refuerzo para el alumnado, que se mantengan los libros de textos actuales y que se amplíe el contenido de las reválidas», han proseguido.
Según los portavoces sindicales, «la Junta no puede impedir que se hagan pero sí que, además de los aspectos curriculares, contemple otras variables como pueden ser el entorno socioeconómico y las capacidades del alumnado».
«PRETENDEN LAVAR LA IMAGEN DE ESPAÑA EN LOS INFORMES PISA»
Ambos dirigentes han insistido en que la Lomce es «discriminadora» y han asegurado que «la verdadera pretensión del gobierno con su puesta en marcha es lavar la imagen de España en los informes PISA, arrinconando al alumnado con necesidades educativas especiales, ya sean por entorno o cognitivas, acabando con la equidad y la igualdad de oportunidades».
Tal y como han explicado Blanco y Pérez, la norma afecta en gran medida a la Formación Profesional Básica y a los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI); en este sentido, CCOO ha solicitado a la Junta que haga un mapa racional de los centros de FP «porque este año 42.000 escolares se han quedado fuera». Dicen que «en una situación como la actual, en la que muchas personas buscan una segunda oportunidad a través de la formación, estas cifras son inviables».
En opinión de CCOO, «el debate de la Lomce no está en las horas de Religión, sino en que va a segregar al alumnado y dejará fuera a los que pertenecen a un entorno social más desfavorecido o carecen de una excelencia cognitiva».
El profesorado es la otra gran víctima de esta reforma educativa, ya que, además de la pérdida de empleo, a los que se quedan «se les sobrecarga de trabajo, le restan participación en los órganos del centro y se desvirtúa su función al someter al alumnado a reválidas externas que, en última instancia, serán las que determinen sus conocimientos».
Entre las medidas, piden presentar el recurso de inconstitucionalidad con la petición de suspensión cautelar, no desarrollar ninguna medida de las planteadas en la Lomce en tanto que el calendario de aplicación de la propia ley no obligue forzosamente a ello, no facilitar datos segregados de rendimientos escolares por centros o determinar horas de refuerzo educativo.
