Las familias de comunidades autónomas con lengua cooficial que quieran que sus hijos estudien en castellano y no vean satisfecho este derecho deberán pagar por adelantado los costes de la matrícula y después reclamarlos debidamente justificados al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Así lo establece el proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla la disposición adicional trigésimo octava de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) –‘Lengua castellana, lenguas cooficiales y lenguas que gocen de protección legal’–, que el departamento de José Ignacio Wert ha sometido a información pública y que será aplicado a partir del 1 de septiembre.
El Ministerio de Educación tendrá seis meses para resolver las solicitudes de compensación a las familias y deducirá o retendrá de la financiación autonómica los gastos de escolarización en colegios privados de aquellos alumnos que no puedan estudiar en castellano en un centro público.
El texto regula el procedimiento para solicitar el abono de los costes del centro privado y la documentación requerida para tal fin, en el caso de que la administración educativa autonómica no ofrezca una «oferta razonable». Además, advierte de que no se considerarán adecuadas las medidas que supongan la atención individualizada en castellano o la separación en grupos por razón de lengua habitual.
Advierte de que tampoco verá razonables aquellas ofertas de enseñanza en castellano que impliquen la escolarización del alumnado fuera del municipio de su domicilio, sin perjuicio de la posibilidad de escolarización en un municipio próximo al de su residencia.
El Ministerio de Educación compensará los costes para la «eficaz prestación del servicio educativo» –matriculación, escolarización, y gastos complementarios como transporte o comedor, en el caso en que sean necesarios–. El derecho a esta compensación de los costes tendrá efectos desde el inicio del curso en que se reconozca hasta la finalización de la educación obligatoria.
«Los poderes públicos tienen el deber constitucional de asegurar el conocimiento tanto del castellano como de las lenguas cooficiales. El cumplimiento de este deber no puede excusarse por el generalizado conocimiento de una lengua por la población, sino que demanda la presencia efectiva de las lenguas castellana y cooficiales en la enseñanza, ya que el deber de conocer el castellano está reconocido en la Constitución», indica el texto.
El ministerio señala en el preámbulo de este decreto que el Tribunal Constitucional ha reconocido «de forma reiterada» que la exclusión del castellano como lengua vehicular resulta inconstitucional y que el Tribunal Supremo, amparándose en esta doctrina, ha desarrollado jurisprudencia al reconocer el derecho de los padres recurrentes a que el castellano se utilice como lengua vehicular en la enseñanza de sus hijos, obligando a la administración educativa a adoptar medidas para ello.
También apunta que en la actualidad, la «mayor parte» de las comunidades autónomas con lengua cooficial garantizan el uso vehicular de ambas lenguas e incluso de una tercera lengua extranjera. No cita en todo el texto del decreto el caso de Cataluña, pero sí advierte de que los modelos de inmersión lingüística se reconocen con una única limitación: que no excluyan el uso del castellano como lengua vehicular.
