La responsable del Departamento Confederal de Juventud de UGT, Silvia Sazatornil, cree que es necesario «homogeneizar» las condiciones permitidas a las becas de formación que ofrecen las empresas de modo que los becarios no se conviertan en «mano de obra barata» ni «sustituyan a trabajadores permanentes».
Así lo planteó la sindicalista en su reciente comparecencia ante la subcomisión de Empleo Juvenil del Congreso. Sazatornil abogó por «promover una regulación general de las prácticas no laborales, dotándolas de verdaderas garantías formativas evitando la sustitución de puestos de trabajo con relación contractual y garantizando en todo caso la tutela del Servicio Público de Empleo para evitar abusos».
Y es que en muchos casos los becarios en España «no reciben ningún tipo de retribución económica», tienen que realizar «tareas subalternas» desligadas de sus objetivos formativos, sufren exceso de jornadas de trabajo y ni siquiera suelen prolongar su relación laboral con la empresa una vez que finaliza el periodo becado.
Un problema que, a juicio de la dirigente de UGT Juventud, no se solucionará con el nuevo Marco de Calidad de Empleo Europeo para Prácticas que la UE ha aprobado recientemente, ya que «se basa meramente en recomendaciones», entre las que no se cuenta ni los temas salariales ni la falta de objetivos educativos de las becas ni el reconocimiento de la experiencia adquirida. «No creemos que se vaya a poner en marcha», añadió incluso Sazatornil.
BECARIOS EN TODAS PARTES
Por eso, y dado que «hoy en día es muy difícil encontrar un sector o subsector sin becarios», la sindicalista defiende la necesidad de «regular las relaciones de los becarios por ley» para conseguir «homogeneizar y regular las becas» en el marco de lo que permite la normativa laboral vigente, e incluyéndoles siempre en el convenio colectivo.
En concreto, Sazatornil plantea que se las prácticas cuenten con un acuerdo por escrito donde se incluya el contenido del aprendizaje que se adquirirá, los objetivos de las prácticas, la supervisión y las condiciones de trabajo (duración, tiempo de jornada, si hay salario o no, si se cotizará o no, etc.), de modo que se incremente «la transparencia» sobre las condiciones de este colectivo.
Además, la ‘ugetista’ aboga por que sea obligatorio que los anuncios de beca indiquen expresamente si las prácticas serán pagadas o no, y que «todos los programas que conjugan formación y ocupación laboral en las empresas deberían ir acompañados de compromisos de contratación». En la misma línea, habría que revisar las jornadas que se ofertan, para ver si realmente ofrecen posibilidades de formación.
Por otra parte, Sazatornil reconoce que también hace falta «mejorar el sistema educativo (tanto la Formación Profesional como la Educación Superior), vinculándolo más al sistema productivo, y «adecuar el puesto de trabajo a la titulación, categoría profesional y salario, para evitar la sobrecualificación» de algunos trabajadores.
Sólo así, cree la dirigente de UGT, se podrá «acabar con esta situación de precariedad y explotación que se esconde en muchas prácticas».
RECHAZO A UN CONTRATO PARA JÓVENES
En la misma comparecencia, la responsable de UGT Juventud mostró su rechazo absoluto a la propuesta que el presidente de la patronal de las pequeñas y medianas empresas (Cepyme), Jesús Terciado, puso sobre la mesa a principios de enero, relativa a la creación de un nuevo contrato para jóvenes referenciado en el salario mínimo interprofesional (SMI), actualmente fijado en 645,30 euros mensuales.
Según Sazatornil, «sería discriminatorio excluir a los jóvenes de la negociación colectiva» y además se «abriría una brecha salarial» en función de la edad del trabajador, lo que «rompería el principio de igualdad de trato y de oportunidades». «Y esta propuesta se lanza cuando estamos en un escenario en el que los jóvenes no llegan ni a ser ‘mileuristas'», criticó la sindicalista, señalando que la reducción salarial «no es una alternativa para la resolución de la crisis».
Por último, aprovechó su presencia en el Congreso para hacer referencia a la emigración de muchos jóvenes españoles a otros países, sobre todo de la UE, para buscar una oportunidad laboral y pidió a las Administraciones públicas que «atiendan a los jóvenes que migran y salen a trabajar fuera» porque «están enfrentando nuevos retos».
