El Partido Popular reconoce la falta de calidad de algunas universidades, también de las públicas, pero veta investigar. Aunque resuelvan los fallos, Educación no ve motivos para construir los centros.
La Secretaría General de Universidades, del Ministerio de Educación, no se cansa de emitir tajantes informes desfavorables sobre nuevas universidades privadas. Y, sin embargo, los Gobiernos autonómicos, atraídos por el dinero y el empleo, no dudan en aprobar su implantación en sus Parlamentos. «El ministerio emite un informe que es preceptivo, pero no vinculante y son las comunidades autónomas las que dan el último visto bueno a que se ponga en marcha esa universidad. La ANECA (la agencia de evaluación) solo puede aprobar el plan de estudios o desestimarlo», explican fuentes de El País.
Con el fin de frenar esa fórmula el PSOE presentó una proposición no de ley para que la comisión de Educación debatiese sobre el reconocimiento de estas privadas, emitiese un informe y en seis meses se aprobase un nuevo decreto. Pero el PP ha parado el proceso que contaba con el apoyo de otros grupos. Cuenta María Jesús Moro, su portavoz de Educación, que están de acuerdo «en el fondo» pero no en los plazos que plantea la oposición.
Según la Ley Orgánica de Universidades (LOU), el Gobierno tiene que determinar los requisitos básicos para la creación y el reconocimiento de las universidades. Pero, de facto, lo que opine cae en saco roto.
Los cuatro últimos expedientes llevados a la Conferencia General de Política Universitaria han contado con un informe desfavorable: Universidad online de Madrid Manuel Ayau, Mare Nostrum University, Internacional Villanueva y Europea de Mallorca. A todas se deja claro que no responden a uno de estos tres motivos para crearse: demanda por mayor población escolar, desarrollo de nuevas ramas por avances científicos o cobertura de nuevas necesidades profesionales. Por eso, aunque resuelvan las deficiencias señaladas, para Educación no tienen razón de ser.
La Comunidad Valenciana es caso aparte. En las cinco universidades públicas estudian unos 145.000 alumnos y en las cuatro privadas 17.000. Y pronto empatarán con las públicas con la apertura de la Mare Nostrum University, auspiciada por médicos y empresarios. Fuentes de la consejería explican que está en anteproyecto de ley y la Universidad Católica San Antonio (UCAM), parada. El Constitucional determinó en otoño que las universidades católicas no pueden levantarse solo con la autorización de la Conferencia Episcopal.
En muchos informes se denuncia que en las decisiones académicas no tienen voto los docentes (como dice la LOU) y que en muchos casos hacen trampa y pretenden tener un 30% de profesores doctores (como se permitía en los estudios de primer ciclo) cuando el mínimo de Bolonia es el 50%.
