Unos 250 profesores titulares y catedráticos de Universidad tienen en el aire sus puestos ganados en 2012 e incluso, según algunas interpretaciones, su condición de funcionarios, si el Tribunal Supremo los anula. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas impugnó ese año los nombramientos de 15 universidades públicas porque estimaba que habían sobrepasado la tasa de reposición, que permite solo sustituir a uno de cada 10 funcionarios, y al menos ocho sentencias han sido ya contrarias a los campus.
«No hay precedentes y no sabemos qué va a pasar, porque ni siquiera se contempla que cobremos el paro si dejamos de ser funcionarios», cuenta Luis Malvárez, catedrático de Derecho Fiscal y Tributario en la Universidad de Huelva. Su plaza fue impugnada en junio de 2012 y la anterior, de profesor titular, se amortizó. «Nuestra situación es de absoluta incertidumbre pues no sabemos qué ocurrirá con las plazas que obtuvimos ni con las que ocupábamos anteriormente».
Fuentes de Hacienda explican que el ministerio solo controla si las ofertas de empleo público se ajustan a la ley, pero no entran a valorar si, de ejecutarse las sentencias, los docentes perderían su puesto. Consideran que esto está en manos de las universidades. Tampoco resuelve dudas el Ministerio de Educación, pues opina que compete a Hacienda.
Los rectores sostienen que pasar de contratado doctor -con contrato indefinido, aunque sin la categoría de funcionario- a profesor titular, o de este a catedrático, es promoción interna y no debería de computar en ese 10% de reposición de plantilla. Porque la Ley de Universidades dice que a los concursos solo podrán presentarse quienes hayan sido acreditados de acuerdo con la norma. Hacienda opina, en cambio, que el concurso estaba abierto a profesores de otras facultades y el claustro podía haber aumentado.
