El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha afirmado que el sistema de financiación para la implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), presentado este lunes a los consejeros del ramo de las comunidades autónomas, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, no va a computar como deuda para las autonomías.
Según el ministro, los 964 millones previstos para los tres primeros años de implantación de la norma –desde 2014 hasta 2017–, se trata de un adelanto a las autonomías, cuya deuda inicial «se amortiza automáticamente» con la generación de un crédito, que «supone incurrir en el gasto para el que se ha facilitado (a las CC.AA) este anticipo».
Así ha respondido Wert, en la rueda de prensa posterior a la Conferencia Sectorial de Educación, a las comunidades autónomas, como Canarias, Andalucía, Asturias o País Vasco, que han manifestado sus dudas sobre este sistema de financiación de la LOMCE y han alertado de que los fondos europeos para la implantación de la ley (614 millones) computen como deuda.
El titular de Educación ha indicado que el déficit de las comunidades autónomas no aumenta porque lo que lo produce son los intereses y en los anticipos de fondos europeos están excluidos.
«El anticipo, como es en este caso, si se da como adelanto de fondos europeos, no hay intereses»
«Se genera un crédito que mata la deuda que se haya contraído»
Sobre las críticas de varias comunidades autónomas por el hecho de que el Ministerio de Educación haya presentado a sólo dos meses del inicio del próximo curso escolar su propuesta de financiación de los sobrecostes que supone la implantación de la LOMCE, Wert ha contestado que para lograr los 614 millones de euros del Fondo Social Europeo ha sido preciso el acuerdo con los ministerios de Empleo y Hacienda, que tienen un papel «más relevante» en el acceso a los fondos estructurales europeos.
«Todo eso se ha hecho sobre la base de un trabajo ingente, en un tiempo récord»
El ministro ha indicado que el reparto de fondos entre las comunidades autónomas se da para afrontar con los sobrecostes que suponen los cambios en la arquitectura del sistema educativo –FP Básica y los itinerarios de 3º y 4º de la ESO–, y que, en gran medida son para gastos de personal –pago de profesores–, además de para gastos de funcionamiento. Asimismo, ha indicado en la medida en que las comunidades incurran en estos gastos, podrán recurrir a estos fondos.
El coste de implantación de la ley asciende a 964 millones para los tres próximos cursos escolares (desde 2014 hasta 2017), de los que 614 proceden del Fondo Social Europeo y 350 del Gobierno.
Además, el Ministerio estima para la consolidación de la norma en los tres cursos siguientes (de 2017 a 2020) un coste de 1.200 millones (400 millones por curso), que tendrá que ser cofinanciado por las comunidades autónomas, aunque esto tendrá que ser debatido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Las comunidades autónomas que recibirán mayor financiación para hacer frente al sobrecoste que supone la implantación de la norma son Andalucía y la Comunidad Valenciana, con 189,67 y 112,12 millones de euros, respectivamente, mientras que las que menos fondos son Navarra (11,75 millones) y La Rioja (9,72 millones).
La Comunidad de Madrid es la tercera que más fondos va a recibir (110,89 millones de euros), seguida de Catalunya (106,17 millones), Castilla y León (59,92), Castilla La Mancha (58,12), Galicia (55,07), País Vasco (48,89), Canarias (44,86), Murcia (40,81), Extremadura (29,45), Aragón (26,04), Baleares (23,07), Cantabria (12,45) y Asturias (12,02). las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla percibirán 4,68 y 8,35 millones, respectivamente.
