El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, considera «alarmante» la baja calidad y adecuación al mercado laboral de las enseñanzas universitarias españolas, que sitúan a los titulados en los niveles más bajos a nivel mundial en resolución de problemas y competencias como la lectura o las matemáticas.
Así lo ha señalado durante la presentación del X informe de la Fundación CYD sobre la contribución de las universidades españolas al desarrollo, un acto en el que ha participado junto la ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, con quien, según ha dicho, trabaja ya para desarrollar una estrategia que mejore las competencias de los españoles.
Según ha explicado, con los últimos datos del informe PIAC en la mano (mide las competencias de los adultos) «en comprensión lectora, capacidad de cálculo y resolución de problemas, España deja que desear» y de hecho, las competencias de sus titulados son equiparables a las de los bachilleres japoneses.
«Es importante que los jóvenes reciban un aprendizaje de alta calidad. A pesar del progreso en participación (en lo que a número de estudiantes de refiere), la calidad de la educación universitaria española dista mucho de alcanzar la de otros países. No hay ninguna universidad en los rankings internacionales»
Esta «desventaja comparativa», vinculada con el hecho de que uno de cada cinco jóvenes con educación superior ni estudia ya ni trabaja o que, en general, los graduados tienen «una transición más complicada al mercado laboral» que en otros países, hace imperativo en su opinión diseñar una estrategia para mejorar las capacidades.
Entre sus propuestas, figura el diseño de indicadores para medir mejor la transferencia del conocimiento, analizar el «fuerte sesgo teórico» de las enseñanzas y la falta de especialización y las duplicidades de las titulaciones. según ha dicho, «tienden a ser demasiado generalistas» con «mucha oferta de títulos similares» pese a la escasez de recursos.
En cuanto a la financiación, ha planteado que cobrar en la pública «no es un tabú», pues los países que lo hacen «cobran al que puede pagar y al que no, se le ayuda». También pide un esquema de más esfuerzo inversor de la empresa privada, porque en España «el nivel es bajo».
