El Tribunal de Cuentas ha denunciado la contratación «a dedo» de personal directivo y de 22 directores de centros en el exterior en el Instituto Cervantes.
Explica José María Triper en ‘El Economista’ que en su informe de fiscalización de este organismo, correspondiente al ejercicio de 2012, el Tribunal expone que en la contratación de personal directivo de la sede del Instituto que dirige Victor García dela Concha, «excepto en el caso de los dos subdirectores, no ha quedado acreditado el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13.2 del Estatuto Básico del Empleado Público».
Un artículo que establece que «a designación del personal que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas «atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia».
Recordar que el diccionario de la Real Academia define la expresión «a dedo» como «arbitrariamente, por decisión personal y sin seguir el procedimiento legal».
En esta misma línea el organismo fiscalizador del Estado revela que el análisis de los expedientes relativos a la cobertura de 22 puestos de director en los centros «no permite concluir que su selección se acomodara a los principios de mérito y capacidad, dado que no han quedado documentadas las valoraciones otorgadas a los candidatos respecto a los requisitos exigidos en la convocatoria pública».
Informa también de que en el caso del centro de Nápoles, «el puesto de director se adjudicó a una candidata que no cumplía los requisitos exigidos».
Y expone, además, que «quedó vacante la dirección del centro de Nueva Delhi pese a que hubo 38 candidatos que cumplían los requisitos, de los cuales siete eran personal del Instituto.
Sin cumplir objetivos
Respecto a los salarios, el informe de fiscalización expone que el Instituto «no disponía de la aprobación de las cuentas efectivas para las retribuciones fijas y variables de los puestos directivos de la sede no sujetos a convenio colectivo».
Directivos que percibieron, en función de lo dispuesto en sus contratos, «una cantidad en concepto de retribución variable destinada a retribuir el cumplimiento de los objetivos».
Sin embargo el Tribunal esalta que no hay constancia de que estas retribuciones, que ascendieron en 2012 a 89.295 euros, «respondieran realmente a una evaluación del grado de cumplimiento efectivo de los objetivos del año anterior».
Finalmente el informe del Tribunal que de los 33 centros en el exterior del Instituto Cervantes 19 de ellos han sido inscritos ya en las Misiones Diplomáticas de España o, en su caso en la oficinas consulares, como exige la legislación, mientras que a otros cinco «se les ha denegado expresamente la citada adscripción», y en los nueve restantes «su estatus jurídico se encontraba aún pendiente de definición expresa».
