El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha constatado en el Parlamento el «sobredimensionamiento» vigente en el profesorado de las universidades públicas españolas, así como un endeudamiento de 620 millones de euros.
Así lo ha constatado durante la presentación del informe de fiscalización de las universidades públicas en 2012. El antecedente de este informe es el correspondiente al ejercicio 2003 y tiene por objeto el análisis de la gestión económico-financiera de las universidades.
Del examen de los créditos impartidos por profesor equivalente a tiempo completo correspondientes al curso 2012-2013, el Tribunal de Cuentas aprecia en «muchas de las ramas» una carga docente inferior de media a los 24 créditos anuales, poniendo de manifiesto un «cierto sobredimensionamiento» del profesorado en relación con el número de alumnos existentes en esas ramas.
Además, este trabajo sobre la situación de las universidades públicas de 2012 incorpora un estudio sobre la actividad investigadora, la actividad docente y la financiación, destacando el exceso de plazas ofertadas, «especialmente significativo» en las titulaciones de máster.
En relación con los costes, ha resaltado que ninguna de las universidades fiscalizadas había implantado un sistema de contabilidad analítica en el ejercicio 2012.
«Hablar de sobredimensionamiento lo hacemos en función de las estadísticas que las universidades desarrollan sobre los créditos que cada profesor lleva a efecto y que no se corresponden con los mínimos definidos legalemente», ha explicado durante su exposición Álvarez de Miranda.
En este sentido, ha indicado que habrá que determinar a través de la aplicación de los procedimientos de contabilidad analítica si puede existir actividad docente que en realidad se encuentra presentada como actividad investigadora, o lo contrario, que se den ambas situaciones.
A su juicio, una buena contabilidad analítica permitirá poner en valor los logros de la universidad española, establecer si la dimensión del profesorado es el adecuado, o si las universidades tendrán que llevar a cabo medidas de reforma para mejorar su funcionamiento y efectividad.
«Esto está pendiente y creo que la buena noticia y el buen resultado de este tipo de informes es que ponen de manifiesto que la universidad española requiere en su conjunto de medidas de mejora en su eficiencia y de la apliación de procedimientos de contabilidad analítica en el futuro», ha subrayado.
LAS DEUDAS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
En cuanto a la situación económica de las universidades públicas, el documento constata que la evolución agregada de las cuentas del resultado económico-patrimonial del conjunto de las universidades públicas se sitúa en 2011 como un «punto de inflexión», en el que si bien en ejercicios anteriores el ahorro logrado se mostraba «decreciente, pero positivo», en éste y en 2012 se vuelven «claramente negativos».
La entidad fiscalizadora ha indicado que el conjunto de universidades examinadas reconoció obligaciones en 2012 por un importe de 9.219 millones de euros, y derechos por 9.278 millones. Asimismo, señala que el total de empleados públicos ascendió en ese año a 158.214, de los que 101.424 eran personal docente e investigador y 56.790 personal de administración y servicios.
Al mismo tiempo, resalta que los gastos más relevantes han sido los de personal, que han supuesto en las universidades públicas presenciales el 61% del total de obligaciones reconocidas, mientras que por el lado de los ingresos, se constata el «importante peso específico» de la financiación pública a través de subvenciones y de transferencias, que representan en los centros públicos presenciales el 77% de los derechos reconocidos.
Álvarez de Miranda ha indicado que los gastos totales por retribuciones en las universidades públicas presenciales se han incrementado entre 2008 y 2012 en un 9,94%, si bien en 2012 se produjo una disminución respecto al año anterior, «como consecuencia de la supresión de una paga extraordinaria de ese año al conjunto de los empleados públicos».
El informe destaca también la reducción paulatina de los excedentes de tesorería mantenidos en entidades de crédito, junto con las inversiones financieras temporales en que se han materializado picos de tesorería, con decrecimientos en el periodo cercanos al 50%.
NECESARIA UNA SIMPLIFICACIÓN
Finalmente, el Tribunal de Cuentas recomienda en su informe a las universidades públicas la necesidad de realizar «los cambios normativos precisos» dirigidos a lograr una simplificación y reducción de los órganos colegiados, adoptar las medidas oportunas para realizar sin más dilación un inventario actualizado de las entidades dependientes y reforzar su control.
El presidente del Tribunal de Cuentas ha señalado que en el trabajo de fiscalización se ha constatado que, en la mayoría de los casos, las universidades públicas no tienen un inventario actualizado de los entes en los que participan, con la documentación acreditativa de las aportaciones económicas o de los representantes de la universidad en los órganos de gobierno de dichos entes.
Asimismo, indica que la creación de entidades instrumentales «no siempre» ha respondido a nuevas necesidades o a la racionalización de la gestión, sino que se debe, en ocasiones, a la huida deliberada de los controles internos o del control presupuestario y de gestión y la búsqueda de un mayor margen de discrecionalidad en las decisiones que afectan a áreas como la gestión de personal, contratación, ejecución de inversiones y prestación de servicios públicos.
La entidad fiscalizadora sugiere crear en estas instituciones públicas la figura del ‘interventor’, con unas características y cometidos similares a los del resto de entidades que cuentan con dicha figura, además de estrechar la colaboración entre todas las administraciones concurrentes en el sistema universitario público, a fin de proceder a una delimitación clara del sector público autonómico.
El Tribunal ve conveniente asimismo regular la aprobación de los presupuestos de las universidades públicas con las especialidades necesarias, haciendo coincidente el procedimiento final de aprobación de sus presupuestos con los de cada comunidad autónoma.
Por último considera «deseable» que, en la actualización de la normativa que desarrolla el régimen de dedicación de los cuerpos docentes universitarios, se tenga en cuenta que la excelencia aplicable a la investigación no se realice en detrimento de la excelencia docente, y que se proceda «sin dilación» a la implantación de un modelo de contabilidad analítica que asegure la homogeneidad en su aplicación a todas las universidades públicas.
Del conjunto de universidades, tanto públicas como privadas, que conforman el Sistema Universitario Español (SUE) en el curso 2012-2013 y que alcanza un total de 79 universidades, se han fiscalizado 51: 47 Universidades Públicas (UP) de carácter presencial, universidades no presenciales –Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Universidad Oberta de Cataluña (UOC)–, y universidades especiales como la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).
El Tribunal de Cuentas apunta, a su vez, que las comunidades autónomas con mayor peso específico en el sistema universitario público español son Madrid, Andalucía, Cataluña y Valencia, ya que todas ellas superan los 100.000 alumnos matriculados, y también destacan por su capacidad organizativa al contar con el mayor número de centros.
