Sobre el decreto de evaluaciones de la ESO

Wert dice que no puede negociar con quien se niega al diálogo

El ministro ha criticado la salida "abrupta" de la Conferencia Sectorial de Educación

Wert dice que no puede negociar con quien se niega al diálogo
José Ignacio Wert EP

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha asegurado en el Senado que el Gobierno «evidentemente va a revisar lo que todavía no es un decreto» que regula las evaluaciones finales de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) con los criterios que «le parezcan aceptables» de aquellos que participen en el diálogo sobre la norma. «Evidentemente será imposible hacerlo con los criterios no expresados de quienes se niegan al diálogo sobre la misma», ha sentenciado.

Durante la sesión de control al Gobierno en el pleno de la Cámara Baja, el ministro ha respondido así a las preguntas de los senadores de CiU Ramón Arturo y del grupo parlamentario vasco, Rut Martínez sobre las competencias de las comunidades autónomas en relación con el desarrollo de la Ley Orgánica para Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), al tiempo que les ha pedido que «no negocien saliéndose de las reuniones porque así es muy difícil».

El ministro ha criticado la salida «abrupta» de la Conferencia Sectorial de Educación en la que se revisaba el borrador de Real Decreto sobre estas evaluaciones finales hace escasos días de los representantes de cinco comunidades autónomas no gobernadas por el PP.

Además, ha subrayado al senador catalán que «no se puede revisar lo que aún no existe» en relación a que ese Real Decreto está aún en fase de borrador que hasta el 8 de mayo está en fase de información pública y que aún requiere de los distintos dictámenes del Ministerio de Hacienda, por el consejo escolar del Estado, pro el Consejo de Estado, tiene que ser aprobado por el consejo de ministros. «En definitiva tiene un largo trámite», ha añadido.

CiU PIDE SU RETIRADA

Por su parte, el senador de CiU, le ha exigido que retire el proyecto y permita que lo acometan las comunidades autónomas ya que las cinco disconformes representan al 50 por ciento del alumnado.

Así, ha denunciado que la LOMCE se aprobó sin consenso, con «laminación» de las competencias en pro de una «recentralización jamás vista», en un proceso de «uniformización y homogeneización que trasladan a los años de blanco y negro», con un ataque sin precedentes a las lenguas cooficiales y en especial al catalán y la cohesión social en Cataluña, todo ello con el «falso pretexto» de reducir el fracaso escolar y la mejora de la ley educativa.

Asimismo, ha insistido en que no está de acuerdo en que estas evaluaciones deban suponer ránkines de alumnos y de centros y ha advertido de que estas evaluaciones generarán la desconfianza del profesorado y del alumnado.

A su juicio, no es equidad, sino uniformidad que todos los alumnos aprendan lo mismo, sino que se debe dar a cada uno de los alumnos lo que necesita en función de sus capacidades y en función de sus aptitudes en territorios con realidades distintas.

En definitiva, asegura de que tal y como están diseñadas servirán para controlar el currículum y no la mejora del sistema educativo y cree que eso es «inaceptable» porque no es una «evaluación para la vida» y atenta contra la inmersión lingüística en Cataluña.

PNV CRITICA EL «DESPRECIO» DEL MINISTRO

Por su parte, la senadora del grupo parlamentario vasco ha defendido que las cinco comunidades se levantaran de la mesa porque «no les queda otro recurso que la pataleta» una vez que se las ha «despreciado por activa y por pasiva, renunciando a considerarles interlocutores» y sistemáticamente en toda la legislatura.

El ministro ha indicado a la senadora que estas evaluaciones deberán desarrollarlas las comunidades autónomas tal y como «claramente especifica» el artículo 6. bis de la Ley y, por lo tanto «no van a ser desarrolladas pro la normativa estatal». Por ello, ha manifestado que no entiende la crítica de que no se está respetando el ámbito de las competencias.

La senadora ha defendido el «desplante» como una «escenificación del malestar de la comunidad educativa». «Usted va a conseguir que estas pruebas sean reválidas y deja al profesorado como meros vigilantes de las pruebas», ha concluido.

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