Fernando Peñafiel ha sido inhabilitado 7 años

El profesor que puso sobresaliente a la alumna que ni se examinó, condenado por prevaricación

"He contactado con un profe amigo que está dispuesto a aprobarte sin que vengas siquiera al examen"

El profesor que puso sobresaliente a la alumna que ni se examinó, condenado por prevaricación
Prof. Dr. D. Fernando Peñafiel Martínez, Facultad de Ciencias de la Educación, Granada. FP

La Audiencia de Granada absolvió a la alumna de los delitos de prevaricación y de falsedad en documentos público, del que también fueron eximidos los dos condenados

El Tribunal Supremo ha condenado por primera vez a un profesor universitario por aprobar un examen con sobresaliente a una alumna sin que ni siquiera ésta se hubiese presentado al examen.

El alto tribunal confirma una pena de siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación para Fernando Peñafiel, docente de la Universidad de Granada, misma condena que impone a una administrativa del centro por haber intervenido también en el amaño.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Luciano Varela, rechaza los argumentos esgrimidos por las defensas de los condenados en su recurso de casación y ratifica el valor probatorio de los correos electrónicos que se intercambiaron María del Carmen Cara, la administradora adjunta, y Jéssica Gavilán, la alumna.

En uno de ellos, Cara asegura a Gavilán que ha contactado con «un profe amigo» que está dispuesto a aprobarla «sin que vengas siquiera al examen».

El profesor al que se refiere el mensaje es Fernando Peñafiel, ahora condenado, que al calificar con sobresaliente a la alumna permitió a ésta aprobar por compensación otras asignaturas -lo que entonces permitían las normas de la UGR- y obtener, pasado un mes, mes el título de Licenciada en Pedagogía.

Entre los hechos probados, la sentencia registra igualmente que la administradora permitió a Gavilán tramitar la matrícula en la asignatura pese a que el plazo se había cerrado dos meses atrás.

Se trata de la primera condena del Supremo a un docente por una prevaricación de este tipo. La Audiencia de Granada absolvió a la alumna de los delitos de prevaricación y de falsedad en documentos público, del que también fueron eximidos los dos condenados.

La sentencia del Supremo rechaza que la nota de un examen no revista el «carácter de resolución decisoria dictada en asunto administrativo», por lo que no concurre el elemento objetivo del delito de prevaricación -dictar resolución injusta-, como esgrimía la defensa del profesor y establece que la calificación de un examen y su reflejo en el acta académica «sí constituye de manera indudable un acto administrativo de resolución definitiva de un procedimiento de tal naturaleza».

En el mismo sentido, el Alto Tribunal apunta que la libertad de cátedra invocada en el recurso «nunca debe constituir una carta en blanco para expedir la acreditación de suficiencia de conocimientos de modo libérrimo y, menos, exento de control que excluya la arbitrariedad».

Para esta conclusión, el fallo judicial parte de «dos referencias limitativas incuestionables»: el derecho del estudiante a la objetividad en la evaluación «y los intereses públicos sobre los que la oficial proclamación de capacidad del estudiante despliega sus efectos, en la medida que habilita para actividades profesionales de las que son destinatarios los ciudadanos».

La alumna vivía en Cádiz

El procedimiento se inició a raíz de la denuncia de una particular contra distinto personal de la UGR por irregularidades.

En este caso, la alumna comunicaba a la administradora adjunta de la Facultad de Ciencias de la Educación «el grave problema en el que se encontraba, pues siéndole muy difícil acudir a Granada para asistir a clases y realizar exámenes» pues residía en Cádiz por razones laborales y necesitaba aprobar alguna asignatura para poder acceder al derecho de compensación previsto en la Normativa de la Universidad de Granada.

La estudiante no reunía los requisitos exigidos para el título, al no tener aprobadas asignaturas troncales de primer y segundo ciclo y carecer de créditos suficientes.

La administradora expuso la situación al profesor titular del Departamento de Didáctica y Orientación Escolar, Fernando Peñafiel, que impartía la asignatura del primer cuatrimestre, quien consintió en aprobar a la estudiante sin que tuviera que realizar ningún examen, «sin conocerla y sin que hubiera podido asistir a ninguna de sus clases hasta ese momento, pues entonces ni siquiera estaba matriculada».

Asegurado ya el aprobado en la asignatura mencionada, Cara «contactó por correo electrónico» con la alumna, a la que comunicó que le había solucionado el problema «hablando con un profe amigo mío que imparte una asignatura en primer cuatrimestre y que me ha dicho que te la va a aprobar sin que vengas ni siquiera al examen».

A ese mensaje, Jéssica Gavilán contestó agradeciéndole el favor de forma «entusiasta» y anunciando que «el 14 de ese mes (enero) iría a Granada para presentar el impreso de peticiones varias para compensación y pagar la asignatura» y, pese a que el plazo para alteración de matrículas había concluido dos meses antes, Cara procedió a matricularla «sin que conste ninguna solicitud previa al efecto ni resolución estimatoria».

Así, el profesor Peñafiel hizo constar en el acta de la convocatoria ordinaria de febrero que Gavilán había obtenido un sobresaliente «careciendo de cualquier mérito» para tal calificación, con lo que la alumna pudo cerrar su expediente, tras cumplir los requisitos para superar los dos ciclos, obteniendo ede esta forma el título de Licenciada en Pedagogía

El tribunal también rechaza otro argumento de las defensas de los acusados, que con «preguntas retóricas» se refería a la ausencia de beneficios por parte de ambos para motivar sus conductas.

«No se desvirtúa esa racionalidad del argumento sobre los motivos del profesor y de su coacusada, para llevar a cabo el comportamiento imputado.

Son múltiples las respuestas posibles y en general muchas no encomiables», añade el fallo judicial, pero, «en todo caso, el ‘motivo’ no excluye lo exigible como elemento subjetivo: la consciencia de que la calificación era absolutamente arbitraria y la decidida voluntad de quebrar la confianza puesta en el acusado por el sistema académico con una decisión que se quiere favorezca a quien no ha mostrado la competencia y aprovechamiento exigible».

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