EL desmedido y caótico desarrollo que ha experimentado el modelo autonómico se ha traducido en la acumulación de ineficiencias y duplicidades, cuyo alto coste no solo se mide en términos económicos, sino también sociales.
Una prueba evidente de estos excesos normativos y competenciales es el desaguisado que sufre el actual sistema educativo como consecuencia de la fragmentación curricular, de modo que cada región acaba imponiendo sus propios contenidos educativos con el único fin de diferenciarse del resto, sin atender ni respetar los necesarios criterios pedagógicos.
Los editores de libros de texto denunciaron el pasado jueves el absurdo «marasmo normativo» que imponen las comunidades autónomas en esta materia, ya que, entre otros dislates, el pasado curso tuvieron que realizar veinticinco versiones de un mismo manual de Ciencias Sociales e incluso diferentes ejemplares de una ciencia pura y neutra como Matemáticas para adaptarse a las variopintas exigencias de los gobiernos regionales.
El disparate ha llegado a tal punto que Baleares llegó a solicitar libros distintos para recoger las particularidades idiomáticas de cada una de sus islas, pese a que Formentera, por ejemplo, solo cuenta con dos colegios.
Este grado de intervencionismo es un lastre para la actividad empresarial de las editoriales, al tiempo que encarece los libros y, sobre todo, daña la formación de los estudiantes, puesto que tales cambios no responden a razones educativas, sino políticas.
Las disfunciones del modelo autonómico y las consiguientes duplicidades que se producen a nivel educativo, sanitario o de servicios sociales generan un problema de ineficiencia y despilfarro que es preciso solventar.
España necesita un pacto educativo que garantice un sistema estable, homogéneo y de calidad a largo plazo.
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