Suspende cautelarmente el cambio de 52 lugares públicos

Un juez frena en seco la maniobra de Podemos para cambiar de nombre calles ‘franquistas’ de Madrid

Un juez frena en seco la maniobra de Podemos para cambiar de nombre calles 'franquistas' de Madrid
Capitan Haya, rebautizada como calle del Poeta Joan Maragall. MD

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 23 de Madrid ha suspendido cautelarmente el cambio de nombre de las calles con reminiscencias franquistas de Madrid, un total de 52 lugares públicos que fueron bautizados así durante la dictadura y que iban a ser modificados en virtud de la ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

El juzgado decreta la suspensión a condición de que, como recurrente, la polémica Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), que difunde «la memoria y obra» del caudillo, abonase una cantidad de 60.000 euros en concepto de caución.

De esta manera, en el auto se dictamina la suspensión del acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid del 4 de mayo de 2017, algo que no ha sentado nada bien ni al propio Consistorio ni a la fundación franquista, que ha iniciado una campaña de donaciones difundida a través de las redes sociales para pagar una garantía que considera totalmente «desproporcionada».

Desde la FNFF creen que no hay razones «de interés general que obliguen a la inmediata ejecución del acuerdo impugnado, pues nada impide, porque no afecta a los intereses generales, sólo a intereses partidistas, esperar un pronunciamiento del Juzgado al dictar sentencia, evitando así un despilfarro que afecta a las arcas públicas».

El coste de renombrar el callejero franquista sería superior a los 55 millones de euros, según la FNFF, que en su recurso consideraba el acuerdo alcanzado en el Pleno municipal como «ilegal» al no estar amparado en la Ley de Memoria Histórica, que, por otro lado, consideran que se aplica «de forma sectaria y revanchista por muchas administraciones».

Por su parte, desde la Ejecutiva municipal, liderada por la alcaldesa, Manuela Carmena, avisaron ayer de que iban a recurrir la suspensión cautelar.

Fuentes municipales explicaron a Efe que les parecía «absolutamente incomprensible que el nombre de Francisco Franco siga en 2017 paralizando la aplicación de una ley aprobada en un parlamento democrático».

Asimismo anunciaron que pedirían al juez que clarificase el plazo que tiene la fundación franquista para abonar la garantía para las medidas cautelares.

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