La Fiscalía debe investigar el abyecto mensaje que cuelga del árbol de Navidad de la Universidad de Gerona (García Ferreras: «Me dejaré la piel porque los independentistas sigan teniendo presencia en laSexta»).
¿Qué tipo de centro educativo permite deseos que se resumen en «matar a los guardias civiles»?
Lamentablemente, este es el caldo de cultivo que se está generando en Cataluña por la laxitud del Gobierno de Pedro Sánchez y el ponzoñoso bombardeo propagandístico que jornada tras jornada lanzan desde los sectores del independentismo radical (Fanatismo: Los políticos independentistas son la auténtica ruina de Cataluña).
Hace tan solo unos días, la fiscal general del Estado, María José Segarra, pedía una «reflexión sosegada» sobre los delitos de odio para actuar de manera «proporcionada, disuasoria y garantista» (Estos son los ‘matones’ independentistas que han agredido y escupido a Cristina Seguí).
Está bien que así sea, pero la pervivencia de nuestro Estado de Derecho también exige que se actúe de manera contundente contra este tipo de desmanes, así como contra aquellos que los provocan con su irresponsabilidad gestora o declarativa.
Rebajar el clima de tensión resulta fundamental antes de que tengamos que lamentar algún hecho de consecuencias irremediables.
Para ello, es fundamental que el Ministerio Público investigue el origen de este tipo de consignas abyectas. Intolerables en cualquier caso, pero, más si cabe, cuando va contra representantes públicos como los guardias civiles, encargados de garantizar el orden cívico y el cumplimiento de la ley.
Consignas como «matar a los guardias civiles» recuerdan a los peores años de plomo del País Vasco.
De hecho, no es la primera vez que los radicales catalanes intentan batasunizar sus acciones -ahí está el caso de Arran- y generar un clima de tensión irrespirable para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que están destinadas en Cataluña.
Ante este contexto, y ya que el actual Ejecutivo ha renunciado a cualquier medida disuasoria, la justicia tiene que actuar sin cortapisas. Para eso está el artículo 510 del Código Penal que pone coto a este tipo de amenazas que, de consentirse, irán creciendo hasta ser la gasolina que alimente el fuego de un enfrentamiento civil. Esperemos que muy pronto no sea demasiado tarde.
