El nuevo texto al que, previsiblemente, dará luz verde el Consejo de Ministros no se someterá al dictamen del Consejo de Estado y devaluará la asignatura de Religión

Educación: El Gobierno social-comunista impulsa una ley contra la concertada y el castellano, para reforzar a los separatistas

Derogará la Lomce, la ley del Partido Popular también conocida como «Ley Wert». Con este cambio legal el Gobierno quiere volver al esquema de la LOE, aprobada por los socialistas en 2006

Educación: El Gobierno social-comunista impulsa una ley contra la concertada y el castellano, para reforzar a los separatistas
La ministra de Educación socialista, Isabel Celaá. PD

El único objetivo es que Pedro Sánchez pueda seguir durmiendo en la Moncloa y si de paso van comiéndole terreno a los partidos constitucionalistas españoles -el PSOE lo ha dejado de ser hace tiempo-, tanto mejor.

En su día Isabel Celaá, ministra del gobierno social-comunista, dijo que la primera ley en aprobarse sería una nueva de Educación y lo van a cumplir.

Este 3 de marzo de 2020 llega al Consejo de Ministros la Lomloe, más conocida como «Ley Celaá».

Cuando se apruebe, derogará la Lomce, la ley del Partido Popular también conocida como «Ley Wert». Con este cambio legal el Gobierno quiere volver al esquema de la LOE, aprobada por los socialistas en 2006.

Tres son las claves de esta nueva ley:

  • Se devalúa la asignatura de Religión
    En primer lugar, la deja fuera del listado de asignaturas de Primaria, ESO y Bachillerato (la Lomce la incluía como específica en los dos primeros niveles y a escoger en el tercero). Por otro lado, suprime el artículo que permitía que la asignatura computara en la nota media del alumno. Además, se elimina el apartado que dejaba la determinación sobre el currículo y los libros de texto a las autoridades religiosas.
  • Palo a la concertada
    Como se ha venido anunciando desde hace tiempo, elimina del artículo 109.2 de la Lomce la alusión a la «demanda social», es decir, que las plazas en los centros públicos y concertados variarán en función de lo que pidan los padres. Celaá argumentó en su día que ese criterio es un «eufemismo para propiciar que la escuela pública pueda ser considerada subsidiaria de la concertada».
  • El castellano, en manos de la Generalitat
    El redactado es ambiguo en cuanto a la competencia plena de la Generalitat a la hora de fijar el papel del castellano en la enseñanza , aunque sostiene que el gobierno autonómico debe ser el que controle que se aplican las medidas pertinentes para «garantizar el dominio» de esta lengua en las aulas catalanas.

En resumen: más concesiones a los enemigos de España

Analizando la encuesta de GAD3 sobre estimación de voto en unas hipotéticas elecciones en Cataluña, públicado este fin de semana por ‘ABC’, la primera y escalofriante conclusión es que se desploma del voto constitucionalista.

La caída en picado de Ciudadanos, con solo 12 escaños de los actuales 36, deja al bloque constitucionalista en solo 25, sumando los nueve del Partido Popular, que gana cinco, y los cuatro de VOX.

Lamentablemente, el Partido de los Socialistas de Cataluña no puede ser identificado como uno de los defensores de la Carta Magna, porque su diagnóstico sobre la situación catalana, en la que la palabra Constitución está proscrita, se centra en la existencia de un «conflicto político» que debe ser resuelto con un repliegue del Estado y de sus normas, refrendado en una votación reservada a los ciudadanos catalanes. El PSC es ya un partido soberanista más en Cataluña.

Realmente esta encuesta reitera que las políticas de apaciguamiento y concesión acaban beneficiando a los agresores, ya desde los tiempos de Chamberlain.

Prueba de ello es que los partidos separatistas, es decir, Esquerra Republicana de Cataluña, Junts per Catalunya y la CUP, suman 73 escaños, tres más que en 2017, y el 48,4% de los votos, siete décimas más que actualmente.

Si se añaden los votos -8,1%- y los escaños -diez- de los Comunes de Ada Colau y Pablo Iglesias, firmes partidarios del derecho de autodeterminación, puede decirse que la política de Pedro Sánchez hacia el separatismo puede crear el Parlamento catalán más separatista de la reciente historia democrática.

Los análisis por sectores añaden otros datos, como el claro liderazgo de ERC y de Oriol Junqueras frente a JpC y Carles Puigdemont, y el aumento del PSC que permitiría un gobierno de izquierdas con los republicanos de Esquerra, aunque sería una apuesta muy arriesgada para los republicanos tras el baño de masas de Puigdemont en Perpiñán.

La tendencia política en Cataluña se orienta a reforzar el separatismo, lo cual no sólo no es un resultado extraño, sino que resulta plenamente coherente con la estrategia de legitimación del independentismo golpista que está siguiendo Pedro Sánchez.

Cuando el Estado abdica ante el separatismo, la consecuencia es el desistimiento de los constitucionalistas.

Los resultados de Ciudadanos y del Partido Popular se explican en gran medida por sus errores de estrategia en Cataluña, tanto en la forma como en el fondo de sus mensajes, pero hay más que tales errores. Hay un escenario en el que el discurso del Estado, por boca del Gobierno socialista, está basado en abandonar a su suerte a los ciudadanos catalanes que siguen defendiendo la Constitución.

Y esta deslealtad del Gobierno surte el efecto que quieren sus socios separatistas, el de no tener oposición constitucionalista.

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