El único objetivo es que Pedro Sánchez siga durmiendo en La Moncloa y si para eso hay que ponerse de rodillas y practicar felaciones a proetarras vascos, independentistas catalanes o a cualquier variedad del zarrapastroso periférico, el PSOE cumple, aplaudido natualmente por Podemos.
El Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez ha aprobado el proyecto de la nueva Ley de Educación que derogará la Lomce y que, entre otras cosas, devalúa la asignatura de Religión y considera a la educación concertada subsidiaria de la pública, eliminando el principio de «demanda social» que permitía a los colegios ampliar sus plazas en función de la demanda.
Ahora, si hay plazas para escolarizar en los colegios públicos, no podrán hacerlo.
En suma, el Ejecutivo golpea especialmente a los colegios religiosos.
El sectarismo ideológico del Ejecutivo convertía a estos centros en víctimas propiciatorias y así ha sido.
Un aspecto especialmente grave de la nueva Ley de Educación es el que tiene que ver con el control de la Alta Inspección del Estado, pues convierte a este cuerpo en una suerte de convidado de piedra al dejar en manos de los independentistas en Comunidades Autónomas como Cataluña, Baleares o la Comunidad Valenciana la misión de garantizar que sus alumnos reciban o no alguna enseñanza en castellano.
Para entendernos: será el Gobierno de la Generalitat el que controle que se aplican las medidas pertinentes para «garantizar el dominio» del idioma español en las aulas catalanas.
O sea, que el Ejecutivo socialcomunista de Pedro Sánchez claudica ante el separatismo y deja en sus manos “aplicar instrumentos de verificación, análisis y control propios del sistema educativo”.
Es como poner al lobo a cuidar de las ovejas.
¿Y si la Generalitat de Cataluña no quiere dar más castellano?
Pues que no hay ningún mecanismo que lo garantice, ya que, como ha reconocido la ministra de Educación, Isabel Celaá, “no es función de la Alta Inspección entrar de manera ejecutiva en los centros educativos, son las inspecciones de las comunidades autónomas las que entran a salvaguardar las normas”. Más claro, agua.
En pleno proceso de dilución de las instituciones del Estado, convertido Sánchez en una marioneta de los separatistas, nadie garantizará el derecho de los padres a que sus hijos puedan recibir educación en español en cualquier parte del territorio nacional.
Si antes ya era difícil, ahora la Ley de Educación avala que los gobiernos separatistas hagan de su capa un sayo.
