Las comunidades de Madrid, Castilla y León, Andalucía y País Vasco no están dispuestas a aceptar el aprobado general que Isabel Celaá, ministra de Educación, pretende implantar para la finalización del curso.
Hay dos aspectos esenciales en la decisión del Ministerio de Educación que han sido el punto de debate de los técnicos autonómicos: la promoción general de los alumnos, alegando la «excepcionalidad» de las repeticiones para casos muy concretos que deben ser decididos por los equipos docentes de cada estudiante, formados por entre 10 y 15 profesores. Además de la obtención del título de 4º de ESO y 2º de Bachillerato aunque los alumnos tengan asignaturas suspensas.
Madrid, Castilla y León y Andalucía, todas gobernadas por el PP, se han plantado
Por su parte, la Comunidad de Madrid ha anunciado que, en cuanto a la repetición, se limitará a lo que concreta la Lomce, que fija que los alumnos de primero de bachillerato únicamente pueden pasar a segundo curso con un máximo de dos suspensos. En el caso de segundo de bachillerato solo pueden obtener el título y presentarse a la prueba de acceso a la universidad si han aprobado todo el curso. Por otro lado, los de ESO solo pueden pasar de curso con un máximo de dos asignaturas suspensas (de forma excepcional tres, si no se incluyen Lengua y Matemáticas).
Murcia ha confirmado que no suscribirá el documento, pero que sí aceptará la decisión del Ministerio de Educación, y la opción de que todos los estudiantes -salvo casos muy excepcionales- pasen de curso.
Por otro lado, Cataluña ha evitado pronunciarse sobre qué hará. De igual forma, El País Vasco ha confirmado que no va a firmar el documento porque está elaborando su propio plan de finalización de curso.
La reunión de la conferencia sectorial del pasado miércoles finalizó con la impresión de que se había llegado a un consenso muy amplio. Sin embargo, Madrid, Castilla y León y Andalucía, todas gobernadas por el PP, se han plantado ya que quieren que desde Educación se establezca un número máximo de asignaturas suspensas a partir del cual los alumnos no puedan pasar de curso o titularse.
Por su parte, asociaciones de centros educativos de titularidad privada se han mostrado críticos con la decisión de que en este curso la repetición sea una excepción, algo que han interpretado como un «aprobado general» a los alumnos.
Mientras tanto, Isabel Celaá ha destacado el papel del Ministerio de Educación en esta crisis sanitaria alegando que «ningún país ha reaccionado mejor que España a la suspensión de las clases presenciales».
